PAMPLONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -
Askatasuna, imputados y familiares reclamaron hoy la "suspensión definitiva" del juicio que el próximo 22 de septiembre comenzará en la Audiencia Nacional contra 12 jóvenes navarros acusados de pertenecer a los 'grupos y' de ETA, para los que se piden en total 401 años de cárcel por detenciones practicadas a finales de 1996 y principios de 1997. Las peticiones de cárcel oscilan entre los 9 y los 56 años, penas que consideran "desproporcionadas" en comparación con casos similares "o de más gravedad".
Askatasuna denunció en rueda de prensa que la denominación de 'grupos y' fue consecuencia de una "campaña político-mediática-jurídica" que pretendía argumentar "una serie de actuaciones políticas, policiales y judiciales" y que consistió en acusar a detenidos no de desórdenes públicos sino de "acciones terroristas", mediante la aplicación de la "ley antiterrorista".
Según datos de Gurasoak, hasta diciembre de 1996 fueron detenidas 140 personas, la mayoría acusadas de desórdenes públicos y daños, una estrategia que la Policía cambió en diciembre de ese año.
"De incidentes protagonizados por jóvenes radicales se pasa a hablar de "grupos y" que siguen la estrategia marcada por ETA", expusieron desde Askatasuna.
Entre los sumarios abiertos figura el que imputó a 26 jóvenes de la Comarca de Pamplona, el sumario 8/97. El año pasado se les notificó a 14 menores de edad el archivo de la causa para ellos, aunque deberán ir a declarar como testigos de la acusación.
Las 12 personas que serán juzgadas son Koldo Nicolás, Dabid Abarzuza, Carlos Xabier Montoya, Pablo Montoya, Oscar Estebariz, Mikel Auza, Carlos Iñigo, Arantxa Rus, Asier Varela, Alberto Pio, Koldo Barbería y Joseba Miren Sanz. Según Askatasuna, sufrieron "torturas" que les llevaron a incriminar a conocidos, lo que favoreció "detenciones en cascada", y padecieron la "dispersión".
Askatasuna se preguntó por qué ahora que ETA "ha suspendido su actividad armada" se ha decidido "desempolvar este caso", que afecta a hechos ocurridos hace 10 años. "El Estado está multiplicando las medidas contra este pueblo con la intención de condicionar el proceso político", respondieron.
