MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá hoy un año de cárcel y siete de inhabilitación para la alcaldesa de Hernani (Guipúzcoa), Marian Beitialarrangoitia (ANV), por jalear en un acto público a los presuntos etarras Igor Portu y Mattin Sarasola, acusados del atentado cometido en diciembre de 2006 en la T-4 del aeropuerto de Barajas, en el que murieron dos ciudadanos ecuatorianos.
Según el escrito de acusación provisional del fiscal Ignacio Gordillo, que califica los hechos como un delito de enaltecimiento del terrorismo, Beitialarrangoitia aprovechó el acto de presentación de las candidaturas de ANV a las últimas elecciones generales, celebrado el 12 de enero de 2008 en Pamplona, para "elogiar públicamente a los miembros de la organización terrorista ETA y consecuentemente sus acciones criminales".
Durante el acto, la alcaldesa tomó la palabra ante más de 400 personas y afirmó: "Antes de nada, este ánimo, abrazo y este chaparrón de aplausos que nos habéis ofrecido, lo más caluroso posible, a Igor Portu, Mattin Sarasola y a todos los presos políticos vascos que se encuentran dispersados en las cárceles de Francia y España. ¡Os queremos!". Tras su proclama, los asistentes aplaudieron con fuerza y comenzaron a dar gritos a favor de los etarras y de la banda terrorista. El juicio se celebrará a partir de las diez de la mañana ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
DENUNCIA DE MALOS TRATOS
En su declaración ante el magistrado, que se produjo en enero de 2008, Beitialarrangoitia explicó que cuando pidió "un chaparrón de aplausos" para Portu y Sarasola quería poner de manifiesto "los malos tratos" que supuestamente habían sufrido y expresar su "sentimiento de respeto a la situación de estas dos personas".
En abril de ese año el instructor del caso, Santiago Pedraz, fue obligado a reabrir la causa por orden de la Sala de lo Penal, que a instancias de la Fiscalía consideró "prematuro" el archivo de la investigación.
En su recurso de apelación, el fiscal Gordillo sostenía que no se puede alegar el derecho a la libertad de expresión como justificación de la conducta de Beitialarrangoitia, ya que "atribuir falsamente a los cuerpos policiales un delito tan grave como es la tortura en un acto público es un claro acto de menosprecio y ofensa a toda la policía española".
