MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal que imponga una pena de cuatro años y seis meses de prisión a dos acusados de atacar en 2006 la sede del Juzgado de Paz de la localidad vizcaína de Markina-Mexein, provocando daños que fueron valorados en 6.380 euros.
Los dos jóvenes --Eneko Ostolaza Icaran y Borja Oregi Urrutia-- serán juzgados el próximo jueves por un delito de daños terroristas. Además de la pena de prisión, el fiscal Daniel Campos también pide a la Sala que les imponga el pago de una multa de 6.000 euros y que indemnicen de manera conjunta y solidaria al Ayuntamiento de Markina con otros 6.380 euros por los daños causados.
Según el escrito de conclusiones provisionales del representante del Ministerio Público, el día 23 de septiembre de 2006, sobre las 2.00 horas, los dos acusados se dirigieron juntos a la sede del Juzgado de Paz de Markina-Xemein, en la calle Zear Kalea, número 2, de dicha localidad.
El fiscal precisa que Ostolaza portaba una garrafa de gasolina que colocó junto a la puerta del juzgado, mientras que Oregi llevaba un 'cóctel molotov' que arrojó contra la garrafa. La deflagración destruyó las puertas exterior e interior del juzgado y afectó a las paredes y techos del inmueble, que resultaron ennegrecidas por efecto del humo.
OREGI FUE ABSUELTO DE INTEGRACION EN SEGI
Ostalaza y Oregi fueron procesados junto a otros seis jóvenes por un delito de integración en organización terrorista, relativa a su pertenencia a la asociación juvenil ilegalizada SEGI. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a los ocho a seis años de prisión, pero el Tribunal Supremo absolvió a Borja Oregi y otros tres jóvenes, confirmando la condena para el resto de acusados, entre los que está Eneko Ostalaza.
Según el alto tribunal, en el caso de Oregi, aunque él mismo reconoció formar parte de un 'talde' que ejecutaba acciones de 'kale borroka', no puede hablarse de integración en organización terrorista, porque "no todas las personas que ejecutan actos de violencia callejera" deben ser "por ello miembros de SEGI".
