SEVILLA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
Eduardo Fungairiño, ex fiscal jefe de la Audiencia Nacional, apeló hoy a la "imposición inexorable" de la Ley para luchar contra el terrorismo, algo que ha pedido "como fiscal, al igual que mis compañeros, y debemos seguir pidiendo", y aseguró desconocer "el significado que puede tener mi renuncia, mi cese, en el curso de la política antiterrorista".
El que fuera fiscal jefe de la Audiencia Nacional respondió así a una pregunta formulada por su parecer sobre una posible negociación entre el Gobierno y ETA, durante el coloquio abierto tras la conferencia que impartió esta noche en el hotel Meliá Lebreros de Sevilla, dentro del ciclo 'Las charlas de El Mundo Andalucía', patrocinado por Sevillana Endesa.
En cualquier caso, y tras precisar que, "como fiscal, no tengo que entrar a valorar la política antiterrorista de un Gobierno", Fungairiño dijo sentirse "abrumado y desbordado" ante las numerosas muestras de apoyo que está recibiendo desde su salida de la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
En su alocución, subrayó que el sistema judicial español se ha mostrado como "eficaz y garante" en la lucha contra el terrorismo, de lo que da fe "la reducción atentados" y el número de terroristas encarcelados. En cuanto a la labor realizada a este respecto por la Audiencia Nacional, "un Tribunal central especializado creado para combatir la criminalidad organizada", resaltó que su resultado ha sido "fecundo".
Fungairiño, que enfatizó que la finalidad última del terrorismo es "destruir la sociedad", tachó de "llamativo" el hecho de que los atentados del 11-S de Estados Unidos fueran el revulsivo para que Europa efectuara su definición de terrorismo". En este sentido, comparó el terrorismo de banda como ETA con el islamista. Del primero destacó que tiene un fin "claramente independentista y de implantación de una sociedad marxista y leninista en el país Vasco", así como que su base es lineal, por lo que su modo de actuación es más predecible.
Respecto del islamista, comentó que llegó a España en los 80 y que ha ido aumentando, siendo su exponente "más brutal" el 11-M. "Se creía que aquí tenía un carácter auxiliar. Este es un terrorismo más casero, con medios domésticos pero igualmente letales. Es más difícil de combatir, pero se está consiguiendo", subrayó, frente a lo que valoró que, actualmente, la situación "ha sido reconducida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servicios de inteligencia, por lo que la situación puede dar motivos para el optimismo".
Así las cosas, desde el punto de vista judicial, aseveró que la base de las técnicas empleadas en España en la lucha contra el terrorismo es "la aplicación estricta de la Ley penal común. No ha habido que acudir a normas excepcionales, por lo que el panorama es de normalidad, nunca de excepcionalidad".
También resaltó en su intervención que la cooperación judicial internacional es muy importante "porque el terrorismo no conoce fronteras. Sobre la materia, reconoció que se conseguido un "enorme progreso" en los últimos años y que la cooperación internacional "está dando resultados inmediatos que se pueden medir por días, y no por años, como se hacía antes".
"Hoy una comisión rogatoria internacional se puede tramitar en semanas, o incluso en días si la urgencia del caso lo requiere", matizó, al tiempo que resaltó las ventajas que han aportado en este sentido los instrumentos jurídicos creados por la Unión Europea. "Todo ello ha permitido poner al límite a la actuación terrorista, gracias a la cooperación, no sólo de ámbito europeo, sino también mundial. Las estructuras judiciales europeas son capaces de reprimir con éxito el terrorismo", sentenció.
BATASUNA, EN SUS PEORES MOMENTOS
En el turno de preguntas, se le inquirió sobre la situación de Batasuna, respecto de lo que dijo que está atravesando "grandes agobios económicos y el entorno de la banda está siendo sometido a un juicio muy largo. No parece que vaya a poder presentarse con ese nombre a próximas elecciones. Batasuna está en sus peores momentos".
También se refirió al nuevo criterio del Tribunal Supremo para el cumplimiento de condenas del etarra Henri Parot hasta 2020, señalando que el Alto Tribunal "no ha seguido la idea de la Audiencia Nacional, sino una tercera vía, una línea jurisprudencial que no hay más remedio que acatar hasta que sea renovada por otra. Es una idea novedosa que parece que, por ahora, zanja el problema".
En otro orden de cosas, y a preguntas de los periodistas, Eduardo Fungairiño se refirió a la exigencia estatutaria de que los jueces, para ejercer su labor en Cataluña deban saber catalán, sobre lo que argumentó que "está en vigor el artículo 3.1 de la Constitución, por el que todos los españoles tienen el derecho de utilizar el castellano y el deber de conocerlo. Lo que vaya en contra de esto no puede ser aceptado", apostilló.
