Además de las ocho causas por las que fue entregado para ser juzgado se ha producido una nueva petición de entrega a Francia
MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Justicia no tramitará la petición que ha realizado Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, en la que solicita cumplir en España la pena que le resta por cumplir en Francia, según informaron a Europa Press fuentes del Gobierno. El motivo es que el etarra aún tiene pendiente una petición nueva de entrega por otra causa, por la que Francia aún no se ha pronunciado.
Francia autorizó la entrega a España de García Gaztelu para ser juzgado por un total de ocho causas, entre ellas, el asesinato de Miguel Angel Blanco. La entrega se produjo el pasado 15 de diciembre.
Las fuentes consultadas por Europa Press explicaron que, una vez en España, Txapote ha solicitado cumplir en España la pena que le resta por cumplir en Francia. Este es un derecho de los reos reconocido por un convenio del Consejo de Europa, en el que se permite que un preso pueda cumplir la pena impuesta en otro país, en su país de origen. Además, en este convenio no se hacen distinciones en función de los delitos.
Una de las razones por las que los etarras solicitan cumplir la condena en España es porque si cumplen la pena en Francia, después han de cumplir la pena completa que les sea impuesta en España. Mientras que si cumplen aquí la pena impuesta en Francia, ésta se suma a la española y no puede exceder de 30 años de cumplimiento para los delitos cometidos antes del Cógido Penal de 1995.
La tramitación de esta solicitud tiene que ser realizada por el Ministerio de Justicia, que ejerce de receptor de la petición y la traslada a las autoridades francesas para que estas se pronuncien al respecto.
Sin embargo, según informaron a Europa Press fuentes del Gobierno, en el caso de Txapote, Justicia no podrá tramitar la petición ya que, una vez que García Gaztelu llegó a España, se produjo una nueva orden europea de detención (OED) por parte de la Audiencia Nacional a Francia, con el fin de que sea juzgado en España por otra causa más, además de las ocho por las que ha sido entregado.
El país vecino aún no se ha pronunciado sobre esta nueva petición. Por ello, según las fuentes consultadas, Txapote tendrá que ser devuelto a Francia en diciembre, cuando acabe el periodo de entrega temporal por el que se encuentra en España.
Las causas por las que Francia autorizó su entrega son las siguientes: los asesinatos del concejal del PP en Ermua, Miguel Angel Blanco; del concejal del PP en San Sebastián, Gregorio Ordóñez; del dirigente socialista vasco Fernando Múgica; del concejal del PP en Rentería (Guipúzcoa), José Luis Caso; del jefe de la Policía Municipal de San Sebastián, Alfonso Morcillo y del brigada del Ejército de Tierra Mariano de Juan.
A estos se suman el atentado contra el cuartel donostiarra de Loyola y contra la discoteca "Txitxarro", propiedad de la familia de José María Korta, empresario asesinado por ETA en el año 2000. Otra de las causas por las que tiene que ser juzgado es por el asesinato de Fernando Buesa, que no figura entre las causas por las que Francia ha aprobado su entrega.
Por algunas de estas causas ya ha sido juzgado y condenado. Así, ha recibido una condena de 50 años por el asesinato de Miguel Angel Blanco; 82 años por el asesinato de Fernando Múgica y 18 años por volar la discoteca "Txitxarro". En la causa por el asesinato de José Luis Caso ha sido absuelto.
Durante los juicios que ha tenido hasta ahora en la Audiencia Nacional, Txapote ha demostrado un comportamiento hostil y ha sido expulsado en alguna ocasión por el juez por la "falta de respeto" hacial el tribunal y por "desprecio al Estado y sus instituciones".
En el juicio por el asesinato de José Luis Caso, el fiscal criticó la actitud del etarra en sus conclusiones y añadió que la Fiscalía mantendrá una "rigurosa vigilancia" para "impedir" el traslado de Francia a España solitado por Txapote, para que de este modo cumpla "íntegramente" la condena de 10 años de cárcel impuesta en el país vecino por asociación de malhechores y después, los 30 años que deberá cumplir en España.
