MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo (TS) revisará el próximo día 25 en vista pública la sentencia dictada en julio del 2009 por la Audiencia Nacional contra Juan Carlos Herrador, Arkaitz Agote, Garikoitz Pascual e Íñigo Orue por integración y colaboración con el 'Comando Urederra' de ETA, desarticulado en abril de 2007 en pleno alto el fuego permanente decretado por los terroristas. El ponente de la sentencia será el magistrado José Ramón Soriano.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a un total de siete miembros del 'comando Urederra de ETA y absolvió a otras cinco personas, acusadas de colaboración con banda armada. No obstante, los condenados en esta resolución José Ángel Lerín Sánchez, Sergio Lezcano y Joseba Mirena González Pavón no recurrieron la decisión de la Audiencia Nacional por lo que sus condenas a 26, 9 y 6 años de cárcel, respectivamente, devienen en firmes.
En su día, la Audiencia Nacional condenó a Juan Carlos Herrador y Arkaitz Agote a 19 años de prisión por integración y pertenencia a banda armada, a Garikoitz Pascual a seis años y a Íñigo Orue a cinco años por colaboración.
Según la sentencia de la Audiencia, la dirección de ETA exigió a este "comando" que sus acciones se centraran sobre "miembros del PP, militares, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, funcionarios de prisiones excluidos los miembros de ELA, mandos de la Policía Autónoma Vasca, patrullas uniformadas de la misma, oficinas de correos, del INEM, redes bancarias y sedes oficiales, excluyendo a integrantes del PSOE, PNV, IU, Eusko Alkartasuna y Aralar".
Entre los objetivos señalados por el talde se encontraba un primo de la miembro del PP Loyola de Palacio y varios agentes de las fuerzas de seguridad del estado.
La sentencia contaba con un voto particular de la magistrada Clara Eugenia Bayarri que ponía en duda la valoración que merecían las declaraciones de varios de los condenados en sede policial ya que, según dijo, existían datos que llevaban a plantear que la confesión no se realizó voluntariamente. La juez explicaba que en su opinión los interrogatorios de la Guardia Civil tuvieron lugar sin que los condenados hubieran dormido e incluso, en el caso de Lerín Sánchez, tras un arresto "violento". La situación de falta de sueño se mantuvo durante varias horas, agrega, y varios de los detenidos aseguraron que habían efectuado declaraciones "bajo presión".
