Denuncian el daño de estos informes a la lucha contra ETA y advierten de que la única alteración de derechos humanos la produce la banda
MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las víctimas del terrorismo tuvieron oportunidad el pasado martes de trasladar a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, su descontento con los informes que el relator Martin Scheinin ha presentado cuestionando diversos aspectos relacionados con la lucha antiterrorista en España.
Con motivo de la visita de Pillay a España, diversas asociaciones de víctimas participaron en un desayuno privado de trabajo organizado por el Real Instituto Elcano con otras organizaciones humanitarias y de derechos humanos, según ha podido saber Europa Press.
En el turno de intervenciones, las asociaciones de víctimas aprovecharon para explicar a la Alta Comisionada de Naciones Unidas la situación del terrorismo en España y "cómo ha condicionado" la política del país, sobre todo en el País Vasco y Navarra, durante los últimos años.
En este punto, fueron especialmente críticos con el informe del Relator Especial para la Garantía de los Derechos Humanos en la lucha contra el terrorismo de la ONU, Martin Scheinin, quien cuestiona algunos de los métodos aplicados en la lucha antiterrorista española y señala, en concreto, la ilegalización de formaciones políticas, la incomunicación de los detenidos en la Audiencia Nacional o las posibles torturas policiales.
En concreto, el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Juan Antonio García Casquero, recordó que en España las víctimas nunca han optado por la venganza y siempre han confiado en el Estado de Derecho, por lo que reivindicaron su derecho a contar con un juicio en el que los terroristas rindan cuentas ante la justicia.
Así, expuso a Pillay un "breve resumen" de la situación española y le preguntó si es consciente del "daño" que hace a la lucha contra el terrorismo el informe del Relator, que "da alas" a los terroristas. En concreto, subrayó la relación de los miembros de la 'kale borroka' con ETA.
Casquero también destacó la "falta de libertad" que se vive en el País Vasco y expuso la situación de "los exiliados", quienes se ven obligados a vivir fuera de su tierra y no pueden además ejercer su derecho al voto para cambiar a través de la política la situación de la comunidad autónoma.
ILEGALIZACIÓN DE PARTIDOS
El presidente de la AVT también defendió la ilegalización de partidos próximos a organizaciones terroristas, otro aspecto cuestionado por el relator. En este punto también incidió Javier Elorrieta, de la Fundación para la Libertad, quien recordó que estas formaciones ahora ilegalizadas forman parte del entramado etarra.
Elorrieta aprovechó su intervención para denunciar la alteración de derechos humanos que se vive en el País Vasco y Navarra y defendió que no se produce por una acción gubernamental sino por los efectos del terrorismo. "Hay una alteración de la que es responsable ETA-Batasuna, que amedrenta a un sector de la población generando una anormalidad política", argumentó.
Así, recordó que una parte de los políticos elegidos democráticamente tienen que vivir con escolta, lo que genera una "acción disuasoria" en una parte de la sociedad. En este punto, defendió que la lucha contra el terrorismo en España se basa en aspectos "escrupulosamente democráticos" y rechazó las acusaciones de tortura, ya que se trata de un país "muy garantista".
Además, quiso dejar claro que en España "no se persigue a nadie por ideas políticas" ni por defender un modelo secesionista o separatista. Según explicó, la prueba de ello es que hay gobiernos autonómicos en los que participan partidos que tienen en su programa la independencia de una parte de España.
IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL TERRORISMO
Por su parte, el representante de la Fundación Miguel Ángel Blanco y de Covite anunció que llevarán al Tribunal de la Haya un informe de la situación del terrorismo en España para pedir que sea incluido como un delito del Tribunal Penal Internacional.
Su objetivo es que el terrorismo sea reconocido como un delito de lesa humanidad que no prescriba. Para ello, han puesto en marcha una campaña que han llevado a diversos países europeos y que pretenden trasladar próximamente a Bruselas.
