CASTELLÓN, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -
EUPV presentó hoy en el registro del Ayuntamiento de Castellón alegaciones en relación con la decisión del consistorio de incoar expediente sancionador a cinco militantes de la formación --Pablo Magnieto Martín, Diego Luis Fernández Vilaplana, Marina Albiol Guzman, Miguel Rovira Lorente y María Concepción Amorós de Lila--, por "realizar pintada en un muro, originando desórdenes leves en la vía pública", en la avenida del Mar de Castellón el pasado 17 de julio.
En dichas alegaciones, los denunciados reconocen que pintaron un mural donde aparecían pintadas la bandera de la II República española y la expresión 'III República' que "no se trata de una pintada que deteriore o ensucie el mobiliario urbano ni de un acto vandálico", sino que el mural "tenía como finalidad realizar un pequeño homenaje y recordatorio de lo que significó la II República española coincidiendo con el triste aniversario del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y con la inaceptable aparición la misma mañana del 17 de julio de 2008 de una pintada nazi en la placa conmemorativa del primer alcalde republicano de Castellón, Francesc González Chermá, situada en el paseo que lleva su nombre".
Así mismo, indican que la alusión a la III República "pretendía ser una expresión pública de nuestra reivindicación legítima de una forma de estado republicana para España", así como que para la realización del mural republicano se escogió un muro exterior de grandes dimensiones de un solar "notoriamente abandonado" desde hace algún tiempo, "donde puede constatarse que se realizan habitualmente pegadas de decenas de carteles publicitarios, sin que ni el propietario del solar ni el Ayuntamiento hayan realizado ninguna acción dirigida a su limpieza y conservación, ni se haya impedido nunca la colocación de dichos carteles".
Además, alegan que durante la realización del mural se tomaron "todas las medidas necesarias para no deteriorar el muro ni ensuciar la acera ni su entorno ni entorpecer la circulación de los viandantes", el cual fue realizado "a plena luz del día" cerca de un lugar muy transitado, "demostrando que no se intentó ocultar la autoría de la acción, pues se trataba de una acción totalmente legítima y amparada en el derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución de 1978, y que no se trataba de un acto vandálico".
También señalan que el mural "no contiene ni expresión ofensiva para nuestros conciudadanos ni mucho menos ilegal, pues existen diversas sentencias que reconocen la plena legalidad y legitimidad de la bandera de la II República española, por lo que, en absoluto, procede la calificación de "acto vandálico" a la acción que realizamos", y añaden que su única finalidad "era realizar una actividad artística de carácter reivindicativo amparada por el derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución de 1978".
Los denunciados señalan que sobre su mural republicano se han realizado pintadas de carácter fascista, así como sobre la placa conmemorativa a González Chermá, "y en ninguno de estos casos tenemos constancia de que el Ayuntamiento haya realizado acción sancionadora alguna, cosa que no entendemos, tratándose, éstos sí, de actos vandálicos, ya que contienen imágenes ilegales y ofensivas".
Los representantes de EUPV aseguran "no entender ni compartir" la valoración de "desorden público leve" que se realiza en el decreto mencionado. "De hecho, en el decreto no existe ni siquiera un mera y sucinta explicación de los hechos producidos, únicamente la alusión a "realizar pintada en un muro" que automáticamente ya se califica como de desorden público sin dar más explicaciones al respecto", añadieron.
Es "evidente", en opinión de los denunciados, que "las personas que el día 17 estábamos pintando el mural no atentábamos contra nada de eso, ni contra los bienes privados de nadie, ni cometíamos actos vandálicos, ni estropeábamos el mobiliario urbano", quienes manifiestan que "la intervención del concejal de Seguridad Ciudadana, enviando a una patrulla de policías locales, excede con mucho el cumplimiento de sus funciones y atenta contra nuestro derecho a la libertad de expresión".
Así, solicitan que, a la vista de estas alegaciones, se anule el Decreto dictado por el teniente de alcalde delegado del Área de Gobierno de Seguridad Pública.
