BARCELONA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
Un evaluador validará la calidad y el precio de los informes externos superiores a 10.000 euros que encargue el Govern y podrá denegar el pago en caso de que constate incidencias, una consecuencia de la auditoría que la Generalitat realizó para analizar la utilidad de estudios y dictámenes encargado por la administración en 2007, y en la que se observaron diversas incidencias.
En concreto, la auditoria constataba que hay dudas sobre la utilidad del 9,6% de los dictámenes analizados, que en un 3,3% de los casos el precio que se pagó no se ajustó al valor del informe, y que en el 9% se podrían haber realizado con los propios medios de la administración.
Por ello, con el objetivo de aumentar el control de la calidad y la utilidad de los informes, Castells justificó la necesidad de crear esta nueva figura, que podrá ser una persona ajena o no a la administración, y que deberá cumplir el requisito de ser de "reconocido prestigio" y que tenga la "idoneidad adecuada" para llevar a cabo su trabajo.
En caso de que el evaluador determine que el informe no cumple con la calidad y con la valoración económica del estudio, la Intervención General no autorizará su pago, y podrá pedir las correcciones o modificaciones que sean necesarias.
Se trata de una de las medidas de un protocolo aprobado por el Govern, que también fija que, previo a la contratación de cualquier estudio, el departamento que lo encargue deberá justificar el motivo por el que lo pide a agentes externos, por lo que deberá tenerse en cuenta a los servicios que prestan las propias unidades de la administración.
También se prevé la creación de una Subcomisión de Seguimientos de Estudios y Dictámenes, presidida por el secretario general de Economía, Martí Carnicer, que trabajará a partir de los datos del Registro Público de Contratos, y que realizará un seguimiento semestral del cumplimiento de estas normas y de la evolución del gasto.
Además, se fija que los gastos derivados de la contratación de este tipo de informes deberán de imputarse a las partidas presupuestarias que se ajusten, específicamente, a la naturaleza jurídica del contrato. Así, el coste de proyectos técnicos en materia de obra pública no podrán cargarse a la partidas de 'Estudios y Dictámenes', sino que tendrán que adscribirse al capítulo de inversiones reales de los Presupuestos de la Generalitat.
Otra de las medidas que se impulsarán es la creación de una sección específica del Registro Público de Contratos, a la que tendrán que aportarse todos los datos relativos a los contratos que se encarguen en el marco de la partida 'Estudios y Dictámenes', con una descripción del motivo y la utilidad del informe.
El registro generará cada seis meses un archivo en que se concretará el órgano de contratación, el adjudicatario, el título del estudio, su importe, el procedimiento de contratación y la explicación del motivo y su utilidad. Así, la Intervención General no fiscalizará ningún expediente de contratación que no se ajuste a todas estas medidas, lo que impediría su contratación.
Castells justificó el impulso de todas estas iniciativas, alegando que mejoran "ostensiblemente" la situación con la que se encontraron y que determinó la auditoría que encargaron. Defendió también que estas iniciativas no pretenden introducir más burocracia sino conseguir más eficiencia. "Trataremos de evitar la burocratización, pero con toda medida que implique aumentar los controles se corre el riesgo de poner más pegas", zanjó.
