22 de octubre de 2020
20 de diciembre de 2010

Ex diputado del PP recurrirá la condena de 7 años de inhabilitación por un delito de prevaricación

GRANADA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ex diputado del PP José Luis del Ojo ha anunciado este lunes ante la Sección Primera de la Audiencia de Granada que presentará un recurso contra la sentencia que lo ha condenado a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación al presuntamente contratar, durante su etapa de concejal de Urbanismo en Ogíjares (Granada), varias obras municipales prescindiendo del procedimiento administrativo establecido y siendo "perfecto conocedor" de la ilegalidad que estaba cometiendo.

Se trata del trámite previo a la interposición formal del recurso. El ex diputado dispondrá a partir de ahora de quince días para redactar el recurso, que habrá de presentar en ese plazo ante el Tribunal Supremo, que será el encargado de dictar ya sentencia firme al respecto.

En declaraciones a Europa Press, Del Ojo ha dicho sentirse "tranquilo" con vistas a este "proceso largo y tedioso" y ha atribuido la condena al "ruido mediático" generado en torno a su persona. "Los jueces también leen los periódicos", ha dicho Del Ojo, al que no le importa que transcurra "mucho tiempo" hasta que se declare la firmeza de la sentencia, puesto que él en lo que está interesado es que se "demuestre" su inocencia.

La sentencia que recurrirá ante el Alto Tribunal, los magistrados de la Audiencia de Granada consideran probado que Del Ojo, que desempeñó el cargo de concejal de Urbanismo desde 2003 hasta octubre de 2006, aprovechó la ausencia del entonces alcalde de la localidad, Francisco Plata (ex PP ahora del independiente APPO), para, en calidad de alcalde en funciones, contratar "verbalmente" con la empresa 'Promociones y Construcciones García Mejías' varias obras en el edificio del Ayuntamiento, una plaza y calles adyacentes en el verano de 2005.

Todo, entiende el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia, "con ausencia total de procedimiento en cuanto a la ejecución" de los trabajos, sin informe "alguno" de la Secretaría del Ayuntamiento, del Servicio de Contratación o de Intervención y además sin consignación presupuestaria en el momento de realizarse, "eludiendo de tal forma los requisitos de publicidad e imparcialidad en la contratación".

Además, con la "finalidad" de que las referidas obras tuvieran la consideración DE menores, por ser su cuantía inferior a 30.000 euros, "logró los informes necesarios" de técnicos del Ayuntamiento para avalar su "fraccionamiento", "cuando en realidad era una sola la obra en las calles y otra la del Ayuntamiento".

En definitiva, la Audiencia considera que "prescindió total y absolutamente de todo procedimiento administrativo en la adjudicación", siendo "perfecto conocedor" de la ilegalidad que estaba cometiendo.