BARCELONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
El ex director del Institut Català del Sòl (Incasòl), Antoni Paradell, que se enfrenta a cuatro años de prisión y 18 de inhabilitación por prevaricación y malversación de caudales públicos, aseguró hoy que un abogado externo que trabajaba para el ente público les denunció para vengarse de los dirigentes del ente cuando no le renovaron.
"Una vez despedido, (el letrado Xavier S.M.) empezó una etapa de extorsión", afirmó el que fue director del organismo público entre 1980 y 1995, durante la segunda sesión del juicio por el desvío de 386.072 euros en una operación urbanística en Gavà (Barcelona) realizada entre 2002 y 2003.
Paradell aseguró que, al igual que el ex secretario del consejo de administración del Incasòl, Josep Lluís Cahis --ya fallecido--, recibió varias "reclamaciones extrajudiciales" antes de que Xavier S.M. se querellara contra ellos. "Siempre ha sido un hombre terriblemente conflictivo", sentenció.
El ex director del Institut explicó que, tras celebrar un concurso público, contrataron a Xavier S.M. --personado en la causa como acusación particular y antiguo socio del también acusado Jordi L.F.-- como abogado externo del organismo porque "evidentemente era el que tenía una mejor puntuación dada su experiencia como funcionario en el Incasòl".
No obstante, decidieron prescindir de los servicios del letrado porque no les gustó su actuación en la compra de terrenos en la zona antiguamente conocida como 'El Matar' y que ahora se llama 'El Raurell', y que el Incasòl realizó en el marco de un programa para desarrollar el suelo industrial y de servicios.
En cambio, defendió la legalidad del pago 386.072 euros a Jordi L.F., quien se enfrenta a tres años de cárcel y 14 de inhabilitación por malversación y prevaricación. Agregó que tal cantidad fue abonada en concepto de comisión por su labor como intermediario en "operaciones concretas" y certificadas por el Incasòl, cuyo consejo de administración aprobó el pago.
Pese a ello, Paradell admitió que normalmente eran los propietarios de las fincas los interesados en vender y por eso pagaban a los intermediarios, pero, en este caso, el Incasòl estaba muy interesado en comprar terrenos en la zona. "Daba la sensación de que si no compraba uno, compraba otro", dijo.
La Fiscalía, en cambio, sostiene que algunas de las ventas no llegaron a efectuarse, aunque Paradell y Cahis acordaron entregar a Jordi L.F. 386.072 euros "por motivos no acreditados". "A fin de poder justificar el improcedente abono de tal suma", Jordi L.F. presentó una instancia --redactada por el propio Cahis-- en la que, reclamaba una compensación económica por las operaciones de compra-venta que resultaron frustradas.
Jordi L.F. dijo ayer que Xavier S.M. también actuó de intermediario y recibió la parte proporcional de la citada cantidad en calidad de copropietario de Milet Promocions, cuya administradora única era la entonces esposa de Jordi L.F., Esther M.C., quien se enfrenta a tres años de cárcel y ocho de inhabilitación por malversación porque fue ella quien recibió los cheques del Incasòl.
