MALAGA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
El ex concejal de Marbella (Málaga) Rafael González Carrasco, imputado en el caso 'Malaya', ha solicitado al juez que investiga la trama de corrupción en el Ayuntamiento marbellí, Miguel Angel Torres, una rebaja en la fianza de 50.000 euros impuesta para poder quedar en libertad por esta causa, según informaron fuentes de la defensa.
El juez Torres dictó a principios de este mes un auto por el que decreta la puesta en libertad del ex concejal, detenido en la segunda fase de la operación policial y encarcelado desde el 28 de junio pero que tiene, además, orden de cumplimiento de la condena de un año de prisión por el denominado caso 'Proinsa', dictada por un juzgado de Málaga.
Desde la defensa indicaron a Europa Press que mientras la familia intenta conseguir el dinero de la fianza, los abogados han solicitado al juez que rebaje "considerablemente" la cantidad fijada "porque no puede pagarla", petición que aún no ha sido contestada, según señalaron las mismas fuentes.
Esta rebaja se solicita sobre el argumento de que lleva tiempo con el sueldo embargado por el Tribunal de Cuentas y se basa en que "no tiene mucho sentido que le pongan una fianza que equivale a todo el dinero que se imputa haber recibido por parte de Juan Antonio Roca --presunto cerebro de la trama". Además, apuntaron que en este caso "ni siquiera nos permiten presentar un aval".
No obstante, aunque haga efectiva esa fianza, González no podría salir de prisión, ya que tiene que cumplir la condena firme de un año de prisión dictada por el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga por un delito urbanístico, al conceder junto con otros ex ediles una licencia al proyecto básico presentado por Promoción de Edificaciones Industriales (Proinsa) para construir viviendas, garajes y locales comerciales en una parcela situada al oeste del Palacio Polivalente.
Una vez quede resuelta su situación personal respecto al Juzgado de Instrucción número 5, donde se investiga el caso 'Malaya', la defensa intentaría obtener los beneficios penitenciarios que permite la ley, como los permisos o un tercer grado, en lo que se refiere a la condena firme que tiene.
Rafael González Carrasco, imputado por un delito de cohecho continuado, reconoció en su declaración ante el juez Torres haber recibido dinero que le entregaba Roca de forma periódica, pero alegó en su defensa que era el pago de su sueldo embargado por el Tribunal de Cuentas. Asó, negó haber recibido la suma de 210.000 euros, según aparece en la contabilidad de Roca.
En esa comparecencia, incluida en la ultima parte del sumario que no está bajo secreto desde la pasada semana, a la que tuvo acceso Europa Press, dijo que pidió ayuda al ex asesor de Urbanismo para que le prestara el dinero necesario para suplir la cantidad que le embargaba cada mes dicho tribunal.
Señaló que las cantidades que le entregaba oscilaban entre los 1.700 y los 2.000 euros mensuales y las recibía personalmente de Roca en concepto de préstamo, porque "pensaba devolvérselas una vez que el Tribunal de Cuentas dictase resolución levantando el embargo".
Asimismo, declaró que Roca "nunca" le dio instrucciones acerca del sentido de su voto ni de lo que tenía que decir en los procedimientos judiciales. "En ocasiones, declaré cosas que han perjudicado al señor Roca", apostilló, al tiempo que aseveró que el recibir el sobre no significaba para él ninguna obligación.
