Recalca que la información remitida al Ministerio podía ajustarse o no a "la realidad material de los hechos"
MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
Felipe Martínez Rico, que fue subsecretario de Hacienda y Función Pública durante el mandato de Cristóbal Montoro, ha admitido este martes en el juicio por el 'procés' en el Tribunal Supremo que la Generalitat de Cataluña pudo burlar el control que se le impuso en 2017 porque la certificación de gastos no tenía por qué ser "la realidad material de los hechos". Estos sistemas "llegan hasta donde llegan y tienen los límites que tienen", ha reconocido.
Así ha respondido este ex alto funcionario a preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal sobre la fiabilidad de los controles que se impusieron a los gastos autonómicos en Cataluña, que comenzaron en noviembre de 2015 y que llegaron a ser de carácter semanal en septiembre de 2017. Se trataba, según Martínez Rico, de un sistema de intervención común a todos que se realizan en diferentes organismos públicos y "persiguen hacer una certificación de gastos, pero no son la realidad material de los hechos", que es "más compleja", según ha reconocido.
"¿Una contratación irregular podría haber eludido el control?", le ha preguntado la fiscal, a lo que el funcionario, actualmente residente en Londres, ha respondido que siempre que sea contraria a las pautas de contratación del sector público se puede hablar de contratación irregular, sea esta certificada o no, y en este caso quedaría "fuera del margen de control".
En este sentido, la representante del Ministerio Público ha querido saber si "hubo un perjuicio de la deuda pública estatal". No obstante, el presidente del tribunal, el magistrado Manuel Marchena, ha interrumpido esta parte del interrogatorio, pidiendo a la fiscal que no trate al testigo como un perito y advirtiendo que será la Sala la que concluya si fue así o no.
La fiscal Madrigal ha repreguntado si "está de acuerdo" sobre los términos en los que el exministro Montoro se expresó en una entrevista, en la que negó que el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 se financiase con fondos públicos. Ante un nuevo aviso de Marchena, ha vuelto a formular la pregunta, esta vez más directa: "¿La consulta se financió con fondos públicos?".
Martínez Rico ha enfatizado que el Ministerio puso todos los elementos a disposición para hacer un seguimiento para ver cómo se gastaba el presupuesto en la Comunidad Autónoma, pues estaban "involucrados" muchos departamentos. Así, ha hecho hincapié en que, aunque hubo un "cumplimiento formal" por parte de la Generalitat de todas las obligaciones de información, cosa diferente es que luego ello se ajustara o no a "la realidad material de los hechos".
Aún así, "desde el Ministerio de Hacienda se solicitó a los servicios jurídicos del Estado que se personara en todas las causas penales en las que pudiera haber un perjuicio a la hacienda estatal", ha subrayado.
INTENSIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL
El ex subsecretario de Hacienda ha explicado en su declaración como testigo que la intervención comenzó para asegurar la prestación de servicios públicos ante las manifestación de algunos responsables de la Generalitat sobre la "imposibilidad" de impago de la deuda existente.
En este momento la periodicidad de los informes solicitados a la Intervención General de la Generalitat eran de carácter mensual, que pasó a ser cada 15 días en julio de 2017 cuando Hacienda se percató de que el Parlament había aprobado unas partidas presupuestarias destinadas a procesos electorales y consultas populares, que habían sido anuladas por el Tribunal Constitucional, según ha explicado.
Asimismo, ha indicado que este "sistema de control y verificación" se intensificó en septiembre de 2017 cuando desde la Generalitat se trasladó que no se iba a dar más información alegando que es "incompatible" con el marco jurídico de la comunidad autónoma. La reacción del Gobierno de Mariano Rajoy --ha proseguido-- fue denunciar la situación a la Fiscalía General del Estado y reforzar aún más el seguimiento en "en virtud de principio de responsabilidad el Estado", actuando como "último garante de los servicios públicos" y para garantizar que no haya desvío de fondos públicos.
La acusación popular ejercida por Vox ha hecho referencia a la partida presupuestaria declarada inconstitucional por el tribunal de garantías y ha preguntado si tiene conocimiento de que ese gasto se llegase a ejecutar. Martínez Rico ha afirmado que el expediente de gasto se inició, pero ha precisado que esto "no significa que se haya pagado".
LAS INEXACTITUDES SE DENUNCIARON A FISCALÍA
Por otro lado, Martínez Rico ha afirmado en varias ocasiones que según se iban detectando irregularidades en los informaciones que remitía la Intervención General de la Generalitat, se fue poniendo en conocimiento al Ministerio Público: "En muchos casos se consideró que era inexacta y se tomaron medidas, se denunció a la Fiscalía", ha dicho.
Unas de las veces que se consideró que la información no cumplía con lo solicitado fue las certificaciones sobre los gastos relacionados con la empresa Unipost --donde la Guardia Civil se incautó de miles de tarjetas censales y cartas dirigidas a integrantes de mesas electorales para el referéndum del 1-O--,con el Diplocat o con la campaña 'Civisme'.
Sobre la campaña ha indicado que desde la Generalitat se dijo que no se ejecutó el gasto porque el concurso quedó "desierto", argumento que no convenció a Hacienda, ya que las empresas adjudicatarias habían afirmado que "habían desistido" de llevar a cabo este contrato. Por ello, también fue denunciado ante la Fiscalía, ha dicho.
