SEVILLA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, imputado dentro de la investigación por las irregularidades cometidas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Administración autonómica, ha concluido este lunes a las 20,00 horas su declaración con un alegato final en el que se ha preguntado: "¿cómo podría yo haber evitado esto?".
A preguntas de su letrado, Alfonso Martínez del Hoyo, el imputado ha mostrado su "absoluto" convencimiento de haber actuado siempre conforme a la legalidad y no haber consentido ninguna conducta ilegal por parte de ninguna persona, pero "a día de hoy, y ante los evidentes indicios que contiene el procedimiento, se cuestiona, se tortura y se machaca preguntándose si podía haber actuado de otra manera".
De este modo, y según ha informado a los periodistas su propio letrado, el imputado se ha cuestionado "si en vez de ser un consejero impulsor, debería haber sido un consejero cercano y vigilante de la gestión de sus subordinados y no tan confiado", no obstante lo cual ha reconocido que "ya no hay marcha atrás".
Así, ha aseverado que, "al daño personal enorme que ya tiene infringido, se le suma su gran pesar por el daño institucional que se ha producido, no sólo a la Junta, sino a la propia comunidad autónoma", todo ello "habida cuenta del carácter público y de los términos en que el debate se está desarrollando a nivel nacional".
Por otra parte, el imputado ha aportado a la causa un documento que demuestra que perteneció a la plantilla de la empresa González Byass entre los años 1980 y 2008, cuando fue incluido en el ERE, frente a la tesis de la juez instructora, que mantiene que fue incluido en el ERE cuando su relación laboral estaba extinguida tras no renovar la excedencia suscrita en 1983 para incorporarse como concejal al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz).
Así, el jefe de personal de González Byass "ha informado de que la Guardia Civil estuvo allí hace dos meses" y recopiló todos los listados de escalafón de la empresa entre 1980 y 2008, en los que aparece el imputado. La propia magistrada ha reconocido que el atestado de la Guardia Civil sobre la citada empresa no ha llegado todavía al Juzgado.
