MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
El exportavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria acudirá este viernes a la Audiencia Nacional a declarar voluntariamente por su supuesta implicación en el 'caso Púnica', en el que está imputado por delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos.
A Victoria se le investiga desde 2015 por el trato de favor que supuestamente habría dispensado al informático valenciano Alejandro de Pedro, uno de los presuntos 'conseguidores' de contratos de la red supuestamente liderada por el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados.
Así consta en uno de los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que tuvo acceso Europa Press y que ha sido entregado al Juzgado Central de Instrucción número 6, que investiga el 'caso Púnica'.
En las conclusiones del informe, los investigadores revelan que se han evidenciado pagos en efectivo en el año 2014 de un directivo de Indra --antes de la llegada de su actual presidente, Fernando Abril-- a Alejandro de Pedro, el cual era "solicitado insistentemente por altos cargos de la Comunidad de Madrid y por directivos" de la Agencia de Informática y Telecomunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), con el objeto de sufragar la deuda generada con la empresa Eico por servicios reputacionales 'online' a altos cargos del Gobierno madrileño.
El ex consejero delegado de ICM José Martínez Nicolás manifestó tanto a los investigadores como al juez instructor que fue Victoria quien "le habría trasmitido la necesidad de solicitar a Indra el pago de cantidades de dinero con destino a De Pedro como consecuencia de la deuda".
Otros testimonios en sede judicial también reconocieron una petición expresa de Victoria a Indra S.A por mediación de ICM para conseguirle trabajo a De Pedro.
PIEZA DE POSIBLE FINANCIACIÓN ILEGAL
La UCO sitúa también a Salvador Victoria, según figura en la agenda del expresidente Ignacio González, en reuniones en las que exdirigentes 'populares' madrileños como el propio González o Granados habrían hablado de la contratación por parte de Indra de empresas vinculadas a la campaña electoral del PP de Madrid que entonces dirigía Esperanza Aguirre.
A partir de documentación de la propia Indra Sistemas, la UCO insiste al juez de Púnica, en una de cuyas piezas se investiga la presunta financiación irregular del PP de Madrid, que estos contratos se habrían firmado por unos servicios que no habrían sido efectivamente acometidos.
Esta forma de proceder, añaden los investigadores de la Guardia Civil, se habría registrado en los años 2008 y 2011 como posible método de financiación de las campañas del PP de Madrid.
