Entrega al juzgado de Taín documentos requisados sobre Bernardino Rama (PSOE) y otros aportados por Conde Roa en sus comparecencias en Lugo
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
La defensa del exconcejal de Tráfico de Santiago de Compostela Albino Vázquez Aldrey ha recurrido las intervenciones telefónicas efectuadas por la jueza que instruye la 'Operación Pokémon', Pilar de Lara, en un escrito en el que denuncia que ha habido "lesión del derecho constitucional" de secreto de comunicaciones y en el que arguye que han estado "poco motivadas".
En el recurso, que ha sido admitido a trámite según la providencia dictada y al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Albino Vázquez apela contra el auto del 2 de marzo, 13 de abril, 11 de mayo y 8 de junio de 2012 en los que se acordó la intervención y prórroga de la intervención de las comunicaciones del concejal. Por ello, insta a acordar la "nulidad de los autos recurridos por vulneración de derechos fundamentales".
El abogado del exconcejal explica en su recurso "falta de motivación de las resoluciones", en las que "todos los autos dicen lo mismo", y "sin hacer referencia a los hechos concretos que puedan ser constitutivos de otros tantos delitos concretos.
En este sentido, alega que "no se dicen cuáles son los hechos cometidos que podrían ser constitutivos de tales o cuales delitos" y que "se hacen referencias genéricas a modo de formulario sin especificar los motivos específicos relacionados con el recurrente que justifican la injerencia en su privacidad".
A este recurso la jueza que instruye el caso le ha dado trámite en una providencia en la que también autoriza la práctica de nuevas diligencias de investigación.
INVESTIGACIÓN EN SANTIAGO
Entre ellas, se encuentra una comunicación al Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela en la que se le informa de que, en el marco de la 'Pokémon', se han practicado diligencias con documentación requisada referente al Ayuntamiento compostelano que "puede estar relacionada" con una investigación que lleva su titular, José Antonio Vázquez Taín.
De esta forma, autoriza a examinar la documentación incautada en el domicilio del gerente de Sermasa --filial del Grupo Vendex--, Alberto Quintana, "correspondiente a Bernardino Rama" --concejal socialista--, así como la diversa documentación aportada por el exalcalde Gerardo Conde Roa en sus comparecencias ante la jueza en Lugo.
Se da la circunstancia de que el titular del dos, entre otras instrucciones, investiga el conocido como 'caso Montebalsa', en el que se indaga sobre si hubo apaño en expedientes de obra en el Ayuntamiento de Santiago vinculados a la empresa que da nombre a la causa que se remontan al anterior gobierno bipartito local.
OTRAS DILIGENCIAS
Por otro lado, la jueza De Lara pide todos los informes sobre el contrato de la ORA y grúa o borradores de ordenanza que hayan emitido dos funcionarios policiales, de los que pide también que se acrediten las funciones de control y supervisión que hayan realizado sobre el funcionamiento de servicios públicos.
Asimismo, en el escrito de la jueza se solicita que se certifique, en su caso, si estos dos funcionarios policiales --Manuel G.F. y Daniel C.V.-- han ejercido o ejercen alguna función de supervisión de los servicios públicos y se certifique si por asumir tales puestos o funciones de responsabilidad en la supervisión y control han percibido o perciben algún tipo de complemento salarial.
A mayores, también ha ordenado un oficio al Ayuntamiento de Boqueixón para que "de inmediato haga entrega a los funcionarios de Vigilancia Aduanera" de los documentos originales consistentes en los informes del comité de expertos en el contrato de ayuda en el hogar.
