Señala que "no es habiutal" remitir a la dirección política los informes de policía judicial
MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
El que fuera jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra Manuel Castellví ha afirmado este miércoles en el juicio contra la cúpula de la policía autonómica durante el proceso independentista en Cataluña que no se previó ningún "grupo combativo" que pudiera actuar el día del referéndum ilegal de 1 de octubre de 2017 pero sí que la "chispa" pudiera saltar en cualquier momento con intención de los policías de impedir la votación.
Así se lo trasladó él mismo al Gobierno de Carles Puigdemont en la reunión que mantuvieron los Mossos el 28 de septiembre de 2017 en la que trasladaron los posibles altercados de orden público si se mantenía la convocatoria del referéndum, según ha explicado durante su declaración como testigo en la vista oral que se celebra en la Audiencia Nacional.
A preguntas del fiscal Miguel Ángel Carballo, Castellví ha indicado que acudió a este encuentro a petición de sus superiores para que explicara los posibles escenarios a los que se tendrían que enfrentar tanto los Mossos como la Policía Nacional, como la Guardia Civil que actuarían para impedir el 1-O. En dicha reunión, en su turno de intervención, apuntó que ni la Comisaría de Información que él dirigía, ni los "otros grupos policiales", habían detectado "grupos organizados" que actuarían contra la acción directa de la policía, ha recordado.
Si bien, ha proseguido que sí alertó de que miles de personas "heterogéneas" se agolparían en los colegios y sus alrededores de manera "pacífica y no violenta", que se enfrentarían a los policías porque tenían intereses antagónicos" y, por tanto, "la chispa podía saltar en cualquier momento". "Se expresó la inquietud y lo que podía suceder porque aquello era un polvorín", ha resumido.
Sin embargo, el representante del Ministerio Público ha dudado de que esa versión fuera "compatible" con "problemas de orden público" y ha insistido en que un informe de valoración de Información fechado el 8 de septiembre de 2017 identificaba a "grupos combativos". El excomisario ha destacado al respecto que en el último informe de valoración ya no se hacía mención a ese término, sino que se hacía referencia a que, como ocurre en cualquier tipo de manifestación, "fruto" de la actuación policial se pudiera dar algún tipo de altercado.
Sobre esta reunión también ha hablado el comisario superior de los Mossos Joan Carles Molinero --cuya declaración comenzó este martes--, quien ha señalado que tuvo lugar porque los Mossos salieron "descontentos" de un encuentro que habían mantenido dos días antes. Tal y como dijo en el Tribunal Supremo en el juicio por el 'procés' independentista, en ambas ocasiones quisieron expresar que la policía catalana "cumpliría la legalidad vigente" y las ordenes judiciales.
Por otro lado, el fiscal Carballo también ha preguntado a Castellví por los correos que envió al mayor de los Mossos José Luis Trapero --para quien se pide 11 años de prisión por el delito de rebelión-- y en los que se incluían los informes de valoración de escenarios ante la celebración del referéndum.
CONTROL EXHAUSTIVO DE GRUPOS RADICALES
Ha insistido en conocer todos los aspectos de dichos documentos, por lo que el testigo ha afirmado que al principio se hizo un "control exhaustivo" de grupos del "independentismo revolucionario". Finalmente se descartó que pudieran actuar el 1-O, ha reiterado, y ha subrayado que un informe de valoración, "no es dogma de fe" y que no conlleva ninguna modificación en la actuación policial.
Así, respecto a la instrucción 2 de la Fiscalía Superior de Cataluña en la que se ordenaba a los Mossos investigar cualquier acto dirigido a organizar el referéndum, ya fueran cargos públicos o particulares, el fiscal ha querido saber si el testigo en algún momento hizo alguna observación al hecho de que estos informes tuvieran que ser remitidos a Trapero para que éste los mandara al fiscal superior de Cataluña. "No puse ninguna objeción porque el trámite era inmediato", ha contestado.
El excomisario ha apostillado que uno de los informes que se realizó fue uno que constaba de más de 200 páginas en el que se pone en conocimiento del fiscal cartas que envían el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont --huido de la Justicia-- y su vicepresidente, Oriol Junqueras, a los ayuntamientos de Cataluña para pedirles que cedan los colegios para el 1-O, así como la constestación de todos los alcaldes que atendieron esta solicitud.
También se trasladaba el nombre de los miembros de la Sindicatura; el sorteo de mesas electorales y las certificaciones enviadas a las personas que debían conformar las mismas; actos de inicio de campaña, programas electorales, posicionamiento de asociaciones de Cataluña y anuncios de televisión sobre el referéndum.
Tras esta explicación, el fiscal ha preguntado si él o Trapero remitieron toda esta información a responsables políticos. Castellví ha negado ambas cuestiones haciendo hincapié en que "no era lo habitual", y sobre todo en este caso concreto en el que "se estaba hablando de dos personas a las que se incriminaba directamente".
Se trata de un punto importante que sustenta la acusación del fiscal que destaca que Trapero informaba al exsecretario general de Interior César Puig y el exjefe político de los Mossos Pere Soler --también acusados en este juicio y que se enfrenta a la misma pena que el mayor-- y al exconseller de Interior Joaquim Forn, condenado por sedición en el Tribunal Supremo, para que pudieran organizar el 1-O.
OTROS TESTIGOS
En la sesión de este miércoles también han declarado el subinspector de los Mossos Josep Lluis Guerrero, quien ha dicho que su cometido el 1 de octubre de 2017 era "recopilar toda la información de los acontecimientos que estaban teniendo lugar en el territorio"; y el comisario de la unidad criminal de la policía catalana, Rafael Comes, que ha explicado su encuentro con el exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó, en el que éste le pidió información de tipo fiscal que obraba en la base de datos de los Mossos para una futura república catalana que se instauraría tras conseguir la independencia.
Comes ha recalcado que cuando informó al mayor del contenido del encuentro, éste se "indignó" y pidió explicaciones en la Consejería de Interior. Por otro lado, también ha sido preguntado por una cuestión que también ha abordado el fiscal con el comisario Molinero: el plan para detener a Puigdemont si llegaba una orden judicial tras la proclamación de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), el 27 de octubre de 2017.
Sobre este, el comisario de la unidad criminal ha dicho que precisamente Molinero lo puso en su conocimiento esa misma mañana porque se trataba de un "dispositivo confidencial", del cuál se encargaría de la gestión de las posibles detenciones y de ponerse a disposición con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Para cumplir esta segunda parte del encargo, Comes ha recordado que mandó al inspector responsable del contacto con la Administración de Justicia al tribunal para hacer este ofrecimiento personalmente y que éste se quedó allí hasta que sobre las dos de la madrugada se desmontó el operativo diseñado por si había que proceder a detener a Puigdemont y sus consejeros.
