El juicio en el que se les acusa de sedición junto al mayor Trapero ha quedado visto para sentencia tras más de 30 sesiones
MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los abogados de los exjefes políticos de los Mossos d'Esquadra durante el proceso independentista catalán César Puig y Pere Soler han solicitado este miércoles al tribunal que les juzga su absolución porque, en su opinión, las pruebas contra ellos son "insuficientes" y "nimias" para acreditar que tuvieran alguna participación en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Ambos letrados han descartado la comisión del delito por omisión, como sostiene la Fiscalía, ya que han argumentado que ninguno de los dos tenía competencias y capacidad para desconvocar una votación que no habían organizado, de modo que no estarían involucrados en la sedición por la que sí fueron condenados otros exdirigentes catalanes en el Tribunal Supremo.
También han defendido que ninguno incumplió los requerimientos que fue dando del Tribunal Constitucional durante el 'procés', de modo que rechazan haber cometido delito de desobediencia, que es la alternativa que la Fiscalía propone si la Audiencia Nacional no halla pruebas suficientes para la sedición.
Tras la extensa intervención de la abogada del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y de la intendente Teresa Laplana, que se ha alargado durante más de nueve horas, le ha tocado el turno al representante de Soler, Cristóbal Martell, quien, como ya hizo su compañera, ha afeado a los fiscales que leyeran párrafos enteros de la sentencia del Supremo y que consideren que los hechos probados de esa resolución se pueden aplicar a este procedimiento.
"Este tribunal es libre y soberano para valorar la prueba, pero no se podrá llegar a ello haciendo un contraste entre la sentencia del Supremo y este juicio", ha manifestado, para después acusar a los fiscales de "poca lealtad procesal" al usar ese argumento.
CONJETURA LAMENTABLE
Martell ve "insuficiente" que uno de los planteamientos del Ministerio Público para acusar a Soler sea que fue nombrado director general de la policía autonómica en el verano de 2017 tras la salida de su antecesor, Albert Batlle, por su compromiso con la causa independentista y para "alinear a los mossos y seducir a la tropa".
Según el letrado, esta es una "conjetura racional y lógica" que puede resultar "admisible", pero que al mismo tiempo es "lamentable" porque lo que hay que valorar es la conducta de Soler y no "lo que estaban pensando los que le nombraron cuando le nombraron".
"Lo que se juzga no es que fuera un 'hooligan' agresivo y combativo que abrazaba la independencia. Aquí juzgamos la conducta positiva y la prueba no ha aportado nada de conductas sediciosas. Lo relevante es lo que hizo, no lo que pensaran los que le nombraron cuando huyeron sensatamente los anteriores", ha dicho.
Martell ha recordado que Soler no aparece en el documento Enfocats, la supuesta hoja de ruta hacia la independencia de Cataluña, ni en la agenda 'moleskine' del que fuera secretario general de Vicepresidencia de la Generalitat, Josep María Jové, un cuaderno que ha definido como "el deseo de cualquier investigador, una orgía para cualquier investigador", pero a fin de cuentas "un diario de uno de los fontaneros del proceso independentista".
Por otro lado, el abogado ha desdeñado el argumento de los fiscales de que el operativo policial de los Mossos para el 1-O fue un "engaño" a los otros cuerpos, Policía Nacional y Guardia Civil. "Los Mossos salían de un decenio duro, durísimo, de procesos judiciales por sus excesos. Y en ese momento --2017-- vivían un idilio, lo que pudo condicionar que fueran especialmente sensibles a los principios de proporcionalidad y es muy probable que no tuvieran muchas ganas de emplear el uso de la fuerza. Pero eso queda muy lejos de lo que dice Fiscalía", ha explicado, uniéndose así a una de las ideas que la defensora de Trapero también ha esgrimido.
En todo caso, Martell ha insistido en que el Ministerio Público no tiene "ningún elemento probatorio" de que Soler formase parte del plan para la sedición de otros exdirigentes catalanes ya condenados, por mucho que pertenezca a un partido independentista, pues, en su opinión, lo único que argumentan los fiscales es su nombramiento del verano anterior al referéndum ilegal.
En parecidos términos se ha pronunciado Fermín Morales, abogado de César Puig, quien en el 'procés' era secretario general de la Consejería de Interior, a quien, según ha dicho, los fiscales reprochan que no dimitiera en el verano de 2017, cuando sí lo hicieron Batlle y el exconsejero Jordi Jané.
Según Morales, los cometidos de Puig se centraban en dotar a los Mossos de dotación presupuestaria suficiente y atender los requerimientos que llegaban del cuerpo policial para adquisición de material, retribución de horas extra y otros asuntos relacionados con la "necesidad del servicio". Todo ello, ha recalcado, el ex secretario general lo cumplió porque así se lo solicitaron de cara al dispositivo policial del 1-O.
EL GOBIERNO DE RAJOY RATIFICÓ TODOS LOS GASTOS
El letrado ha añadido que Puig no desvió dinero a ninguna actividad ilegal, y que prueba de eso es que cuando el Gobierno central, entonces presidido por Mariano Rajoy, asumió las competencias de la comunidad autónoma catalana con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, "ratificó todos los gastos" requeridos por los Mossos para la jornada del referéndum ilegal.
Una vez que ha encuadrado las competencias de Puig, Morales ha concluido que su defendido "no formaba parte de la cadena de mando operativo de los Mossos", por lo que no pudo dar ninguna orden ni antes ni durante el 1-O, tampoco durante la masiva protesta ante la Consejería de Economía el 20 de septiembre.
De ahí que haya afirmado que Puig "no se comportó como un sedicioso", pero tampoco "desobedeció al Tribunal Constitucional", sino más bien al contrario, pues "dotaba de medios a la policía para intentar impedir al referéndum y así lo hizo". "Había unas necesidades extraordinarias y se atendieron todas. No hay nada que le sitúe fuera de la línea de los requerimientos del Constitucional", ha aseverado.
Con los informes de conclusiones de los abogados de Soler y Puig ha finalizado la intervención de las defensas de los acusados en este juicio. A continuación, la presidenta del tribunal, la magistrada Concepción Espejel, ha dado a Trapero, Laplana y los exjefes políticos de los Mossos la posibilidad de utilizar el turno de última palabra, opción que los cuatro han rechazado.
De este modo, Espejel ha pasado a declarar la vista oral conclusa para sentencia después de más de 30 sesiones que comenzaron el pasado 20 de enero y que tuvieron que interrumpirse a mediados de marzo, cuando el juicio estaba a punto de terminar a falta de los informes finales, por la pandemia de coronavirus.
