SALAMANCA, 6 May. (EUROPA PRESS) -
El investigador Policarpo Sánchez ha lamentado que 43 ayuntamientos catalanes hayan exigido al Gobierno que "incumpla" la Ley y les envíe documentos depositados en el Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en la ciudad de Salamanca y anteriormente llamado Archivo de la Guerra Civil.
Esta petición desde Cataluña se ha realizado mediante resoluciones consistoriales enviadas al Ministerio de Cultura, y los responsables han amenazado con la interposición de un recurso contencioso-administrativo antes del verano si el Gobierno desoye su petición.
Sobre esta solicitud, Policarpo Sánchez ha incidido en que la normativa que permitió los primeros envíos "no contempla" que pueda repetirse con entregas a ayuntamientos y sí a los propietarios particulares y a la Generalitat.
De este modo, según el investigador salmantino, de llevarse a cabo se promovería un hecho "al margen de la ley", de ahí que les haya pedido que "no metan ruido" y que acaten la normativa en lugar de "estar en rebeldía contra España y el Estado de Derecho".
Así ha respondido a Europa Press Policarpo Sánchez después de conocer las declaraciones en rueda de prensa de los portavoces de la Comissió de la Dignitat, Toni Strubell y Pep Cruanyes, quienes han explicado que todos estos consistorios han ido aprobando, entre 2010 y 2014 resoluciones consistoriales para reclamar la restitución de los archivos restantes, ante las que han recibido las negativas del Gobierno.
Además, se ha preguntado "cómo se atreven a pedir documentos si desde Cataluña no devuelven los que pide el Tribunal Constitucional que regresen a Salamanca", en respuesta a una rueda de prensa en Cataluña en la que le han citado.
RECURSO
En ella, se han referido al investigador por interponer recientemente un recurso contra la Generalitat, admitido a trámite por el TSJC. En este caso, los integrantes de la Comissió han dicho que es "inadmisible" afirmar que ésta se ha apropiado de documentación no catalana, y han apuntado que los papeles que no se han podido entregar han sido por defunción de los familiares, pero que, en cualquier caso, la documentación pertenece al patrimonio catalán.
Policarpo Sánchez ha respondido que "por algo se ha admitido a trámite el recurso" y que, para ello, ha basado su trabajo en "pruebas documentales que dicen que se vulneró la ley", a lo que ha añadido que la normativa deja "claro" que "si no se pueden devolver a sus legítimos propietarios, tienen que volver al archivo estatal, y no se ha hecho".
