MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -
Cerca de 18 expertos en legislación de la Unión Europea y medio centenar de fiscales españoles han resaltado la importancia de la coordinación policial y judicial para combatir el terrorismo internacional, a través de Eurojust, organismo comunitario cuya misión principal es la consecución de dicha coordinación en el ámbito judicial.
Así lo manifestaron durante el curso 'Legislación de la Unión Europea y su transposición a la normativa española', que se ha celebrado durante los cuatro últimos días en el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), dependiente del Ministerio de Justicia. Entre sus participantes, figuran los fiscales de la Audiencia Nacional Vicente González Mota y Juan Moral, así como la representante belga en Eurojust, Michèlle Coninsx.
Los asistentes han debatido sobre aspectos relativos al terrorismo internacional, dado su carácter transfronterizo, incidiendo especialmente en la necesidad de delimitar el concepto de forma unitaria. Para ello, los expertos consideraron indispensable tener en cuenta tres elementos básicos: violencia, organización y fines.
OTRAS CUESTIONES.
En el seminario también se han abordado cuestiones relativas a la criminalidad organizada, ataques contra sistemas informáticos, fraudes financieros, explotación sexual y pornografía infantil, entre otros.
Estas materias se han analizado desde una triple perspectiva: análisis de las decisiones marco y directivas comunitarias, revisión de la legislación penal sustantiva y procesal vigente en España, y por último, estudio de las propuestas legislativas que están actualmente en marcha con el fin de implementar las mencionadas decisiones.
Al respecto, los participantes subrayaron la necesidad de adoptar medidas que incentiven la coordinación entre la administración central, administraciones autonómicas y los distintos cuerpos policiales a través de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
Finalmente, se ha puesto de manifiesto que la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) garantiza la efectividad del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales en el ámbito de la Unión Europea.
