Facua lamenta que ni Gobierno ni autonomías hayan mejorado los controles para evitar intoxicaciones como las de 2005
SEVILLA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Consumidores en Acción (Facua) precisó hoy que ha logrado indemnizaciones para mas 120 intoxicados de 18 provincias de Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid y Murcia. Dichas sanciones oscilan entre los 142 euros y algo mas de 6.000 euros por afectado, siendo la indemnización mayor para un sevillano, que recibió más de 6.000 euros.
Fuentes de esta asociación consultadas por Europa Press, indicaron que del total de reclamaciones gestionadas "sólo dos afectados" aun no han percibido indemnizaciones, "ya que las secuelas permanecen y todavía no es el momento para determinar qué cantidad vamos a exigir".
Facua lamentó hoy que ni el Gobierno central ni las comunidades autónomas hayan mejorado sus protocolos de inspección y control alimentario para evitar intoxicaciones como la registrada hace ahora un año con los pollos de la marca Pimpollo del Grupo Sada.
Fuentes de la Federación lamentaron en declaraciones a Europa Press que la "propuesta de mejorar el protocolo de inspecciones por parte de Gobierno y comunidades autónomas se ha quedado en nada y no ha existido ningún cambio en este protocolo".
Además, recordaron que durante la alerta alimentaria, decretada por el Gobierno a finales de julio de 2005, el Ministerio de Sanidad y Consumo anunció una posible sanción, coordinada con las comunidades autónomas, al Grupo Sada para repercutir en dicha empresa los gastos ocasionados a la sanidad pública por esta intoxicación.
SANCIONES
"De aquel anuncio no ha trascendido ni se ha hecho nada", lamentó la Federación, tras recordar que el Gobierno de Castilla-La Mancha emitió una sanción de 613.000 euros, que califica de "poco significativa, teniendo en cuenta que el Grupo Sada obtiene ventas por 450 millones". Por ello, el Gobierno "debería dar explicaciones y exigir esa sanción", estima.
Asimismo, criticó la "inspección muy deficiente" realizada por el Gobierno a las instalaciones de Sada, de forma que "la empresa hizo las cosas mal, pero la actuación de las administraciones tampoco fue correcta".
"La Administración se limitó a pedir un documento que certificara el autocontrol de la empresa, cuando los controles públicos deben ir más allá de pedir papeles de autocontrol y debe registrarse una inspección mas detallada", criticó Facua, que puso de manifiesto la necesidad de mejorar este aspecto.
Gobierno y comunidades autónomas registraron más de 2.500 intoxicados en 2005 y las provincias con más afectados fueron Valencia, Murcia, Alicante y Ciudad Real, mientras que la Comunidad Valenciana fue la región con más intoxicados, seguida de Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia.
