Consideran "muy acertado" que la Fiscalía dicte instrucciones generales para ofrecer actuaciones "equitativas" a todas las víctimas
MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
Familiares de niños robados durante el franquismo y los primeros años de la democracia han pedido al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que de "prioridad" a la realización de las pruebas de ADN y que el Estado "intervenga" en la lectura de los archivos para resolver la búsqueda de sus familiares.
Mar Soriano, portavoz de la Plataforma de Afectados de Clínicas de toda España en la Causa de los Niños Robados, ha destacado a Europa Press que el Estado tiene la obligación de asumir la "reparación" de las víctimas de las tramas de sustracción de bebés que operaron en todo el territorio nacional hasta inicios de los años 90.
La asociación ha coincidido con el titular de Justicia en que el Gobierno debe ofrecer "soluciones realistas". Durante su intervención en el Senado, Ruiz-Gallardón otorgó este martes la máxima prioridad a este caso dentro de las posibilidades legales y las "limitaciones presupuestarias" aunque precisó que no podía prometer análisis de ADN "gratuitos y universales".
En cuanto al "alto coste" que supondría la realización de estas pruebas biológicas, la asociación ha recordado al ministro "la dimensión" del problema y el volumen de familias y le ha solicitado que "priorice" esta actuación frente a otras dado "su carácter de lesa humanidad" y los derechos humanos que se ven afectados en esta causa.
TRABAS PARA LAS FAMILIAS
Por otra parte, el colectivo ha reclamado que el Estado "intervenga" en la lectura de los libros de fallecidos y nacidos para que después coteje los datos y resuelva las búsquedas. Ha recordado que la Ley de Protección de Datos impide a las propias familias llevar a cabo esta labor.
"Todo lo que concierne a nuestros datos familiares deberían de dar respuesta completa, mediante una copia compulsada de la documentación original, uniforme y coherente desde cada comunidad autónoma", ha añadido en un comunicado la asociación.
Según la organización, la propia familia biológica no puede acceder a pesar de solicitarlo en vía judicial a la lectura de los libros de nacidos, ni tampoco las personas robadas pueden acceder a los datos del libro de fallecidos por culpa de la Ley de Protección de Datos.
"Es aquí en este punto, donde debe de intervenir el Estado, porque el Estado no entra en incumplimiento de la Ley de Protección de Datos", ha indicado.
La Plataforma ha considerado "muy acertado" que la Fiscalía General del Estado dicte "actuaciones de instrucción general" con el objeto de poner en marcha pautas de actuación "equitativas" que favorezcan la búsqueda de "familias vivas dadas por muertas".
