SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Debate sobre el Estado de la Autonomías, en el que anualmente la oposición examina la gestión del presidente de la Xunta, se celebrará desde este martes con asuntos pendientes del año pasado, como la reducción del número de diputados o la aprobación de la ley del suelo, y después de que se haya descartado la construcción de un dique flotante en la ría de Ferrol, una de las cuestiones por las que apostaba el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo y que quedó recogida en las propuestas de resolución aprobadas en 2013.
Así las cosas, aunque la reforma del tamaño del hemiciclo ha rematado la fase de redacción y sólo falta que sea debatida en comisión y pleno, un año después de que el PPdeG aprobase llevar a cabo este punto de su programa electoral sigue sin tener luz verde. Esta propuesta apenas modifica el número de diputados y legisla sobre la obligatoriedad de que los diputados presenten su declaración de bienes y la hagan pública.
En cuanto al naval, el acuerdo parlamentario fijaba "seguir reclamando al Gobierno central que logre cuanto antes carga de trabajo suficiente para los astilleros públicos en la ría de Ferrol" y que se siguiese adelante con el "paquete de medidas de apoyo al sector anunciado, singularmente, impulsando la construcción de un dique flotante que consolide el área de reparaciones de Navantia".
Otra de las cuestiones pendientes del debate del año pasado es la unificación de la política de aeropuertos, en la que se apostaba por caminar hacia un único sistema aeroportuario de forma que las tres terminales gallegas --A Coruña, Santiago y Vigo-- fuesen "complementarias".
Por otro lado, el presidente de la Xunta se había comprometido a impulsar una Ley de control de los servicios públicos para que "los gallegos pudiesen contar con un seguro que fije derechos en el ámbito del bienestar de forma clara y objetiva", pero esta iniciativa no ha sido llevada a cabo.
En el lado opuesto, el del cumplimiento de lo prometido, el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo llevó adelante la rebaja del tramo autonómico del IRPF, diseñó la estrategia RIS-3 para los fondos europeos y se aprobó el decreto de gestión clínica, un acuerdo al que había llegado con el Bloque.
