MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los gobiernos locales reunidos en la novena Asamblea de la Federación Española de Municipios y Provincias acordaron hoy una "acción concertada" para lograr un mayor protagonismo y presencia institucional, en foros como el Consejo de Política Fiscal y Financiera, así como para exigir una nueva financiación que les conceda "capacidad normativa" y les permita tener autonomía ante las Comunidades y el Estado.
La iniciativa fue presentada por el PSOE del Ayuntamiento de Vitoria hoy ante una de las mesas de trabajo creadas en la Asamblea para debatir las líneas estratégicas de la FEMP, en concreto, la dedicada al Gobierno Local. Aprobada por unanimidad, en la resolución las entidades locales proclaman que no pueden quedar "degradados a la condición de administración indirecta o subordinada de las CCAA o del Estado".
Reclaman por ello más protagonismo y más cooperación entre las tres administraciones, local, autonómica y estatal, a través de la Conferencia General de Política Local, la Conferencia de Asuntos Urbanos, la Comisión Nacional de Administración Local y la participación de los ayuntamientos en las Conferencias Sectoriales.
En la resolución se incluye también la exigencia de que se reforme la Ley de Gobierno local, pendiente de acuerdo entre PSOE y PP y que finalmente no ha sido aprobada en esta legislatura.
NUEVA FINANCIACIÓN.
Los ayuntamientos, como vienen reclamando desde hace tiempo, insisten de nuevo en esta resolución en que quieren formar parte del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se decidirá la reforma de la financiación autonómica. Esta, según reclaman, debe ser simultanea y paralela a la reforma de la financiación local.
Sobre esta asunto, manifiestan que necesitan unos ingresos suficientes y exigen para ello "la reforma y mejora de las dos grandes fuentes financieras: los tributos propios y la participación en los ingresos del Estado y de las CCAA". Deben contar con capacidad normativa, de acuerdo con los principios de "suficiencia, equidad, autonomía y responsabilidad fiscal", y tener una financiación "incondicionada", es decir, que las transferencias que reciben no tengan condiciones para su uso.
Además, en la resolución se exige que se evalúe y compense el impacto que tienen en la financiación local las decisiones de otras administraciones y que se les compense por las leyes que modifiquen cualquier tributo local. Por último, exigen que cualquier atribución de competencias que se les vaya hacer vaya acompañada de los recursos necesarios para ejercerla.
Dentro del capítulo económico, los gobiernos locales reclaman un fortalecimiento del fondo de solidaridad para los municipios menores de 20.000 habitantes.
UN NUEVO GOBIERNO EN LAS PROVINCIAS.
En la misma iniciativa se incluye un apartado dedicado a la intermunicipalidad, una defensa de las comarcas, las mancomunidades y las agrupaciones o concentración de municipios. Entre las propuestas, se incluye la de un nuevo gobierno en las provincias, una reforma de las diputaciones, los cabildos y los consejos "orientando su trabajo hacia el Desarrollo Rural, estableciendo la desconcentración y descentralización de sus servicios y garantizando planes concertados de cooperación con los municipios".
En otro orden de cosas, en la resolución se propone la creación en el seno del Ministerio de Administraciones Públicas de un 'observatorio urbano y de la participación ciudadana', que se convierta en un banco de datos públicos para conocer, analizar e informar sobre la evolución de las condiciones de la calidad de vida, de la participación ciudadana, de la calidad democrática y del crecimiento y desarrollo sostenible de los municipios".
Y en cada Comunidad Autónoma, los ayuntamientos reclaman que existan Consejos de Gobiernos Locales, donde "la voz local tenga su protagonismo y participación ante las CCAA".
