La federación considera que la base legal es "bastante clara" sobre la obligación de los ayuntamientos a registrar a los extranjeros
MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) estudiará en la próxima reunión de su comisión ejecutiva, el 26 de enero, un informe que están elaborando sus servicios jurídicos sobre la legislación actual del empadronamiento, después de que el Ayuntamiento de Vic (Barcelona) anunciara que no empadronará a los inmigrantes ilegales.
El presidente de la FEMP, Pedro Castro, ha encargado este informe después de considerar que los ayuntamientos tienen "legalmente y moralmente" la obligación de empadronar y que no se trata de un problema de interpretaciones de la ley.
Según informó a Europa Press un portavoz de la FEMP, existe una "base legal bastante clara" con respecto al empadronamiento, ya que figura tanto en la Ley de Bases de Régimen Local como en la Ley de Extranjería, por lo que el objetivo de este informe jurídico es recoger toda la legislación actual para que pueda servir de referencia a las entidades locales.
El artículo 6 de la Ley de Extranjería recoge la "obligación" de los ayuntamientos de incorporar al padrón a los extranjeros que tengan su domicilio habitual en el municipio y les impone que mantengan actualizada la información relativa a los mismos.
En la actualidad, para empadronarse un extranjero debe presentar su nombre y apellidos, el domicilio habitual, la nacionalidad, el lugar y fecha de nacimiento, "el número de la tarjeta de residencia en vigor, expedida por las autoridades españolas o, en su defecto, número del documento acreditativo de la identidad o del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, el certificado o título escolar o académico que se posea o cuantos otros datos puedan ser necesarios para la elaboración del Censo Electoral", según figura en la Ley de Bases de Régimen Local.
CRITERIOS UNIFORMES
Pero además del marco legal propiamente dicho, Castro opina que "lo de Vic es una demostración de insolidaridad y falta de sensibilidad que atenta gravemente a los Derechos Humanos", porque añadió que empadronar, dar servicio sanitario o educación forma parte de "una concepción social y solidaria de hacer política".
El presidente de la FEMP espera que este tipo de actitudes "no se propague" a otros municipios, de ahí que haya encargado este informe a los servicios jurídicos, para recordar, según el portavoz, los "criterios uniformes" sobre la normativa de empadronamiento.
A pesar de todo, este informe tendrá un carácter meramente "orientativo" para servir como "referencia" a las entidades que tengan dudas al respecto, pues los ayuntamientos son entidades autónomas dentro de la FEMP.
