COÍN (MÁLAGA), 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
El juez de Instrucción número 2 de Coín (Málaga), Carlos Peinado, decretó hoy prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros para el último detenido en la segunda fase de la operación 'Troya', contra la corrupción urbanística en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande, según confirmaron a Europa Press fuentes judiciales. Se le imputa un delito de blanqueo de capitales.
El empresario, cuyo nombre responde a las iniciales M.M., fue detenido ayer y pasó la noche en las dependencias policiales de la Comisaría Provincial de Málaga. Posteriormente, sobre las 16.10 horas de hoy, llegó a los juzgados de Coín, donde le esperaban unas 40 personas para mostrarle su apoyo.
La Policía Nacional registró ayer varios inmuebles relacionados con éste y con la empresa de construcción con la que está vinculado, llamada Conextran. Además, se llevó a cabo un registro en una gestoría vinculada con la mujer del alcalde, Juan Martín Serón, imputado en esta causa.
Asimismo, esta tarde estaba prevista la comparecencia ante el instructor del concejal de Urbanismo de Alhaurín el Grande, Gregorio Guerra, ya imputado en el caso, para prestar una nueva declaración en relación a los hechos, tras las detenciones producidas la pasada semana. El edil entró a los juzgados sobre las 17.30 horas.
Agentes de la Policía Nacional iniciaron el pasado miércoles día 20 una segunda fase de la operación, que se saldó con la detención, en dicha localidad y en otras de la provincia, de 19 personas, todos pequeños empresarios, a los que se le imputan los delitos de cohecho e inducción a la prevaricación urbanística.
Así, el instructor dejó en libertad sin fianza a nueve de los arrestados y fijó fianzas de 50.000 euros para cuatro, de 30.000 para uno, de 25.000 euros para otros tres y de 20.000 para los dos restantes.
En la primera fase, desarrollada el 18 de enero de este año, se detuvo al regidor y al edil de Urbanismo, para los que la juez sustituta de dicho juzgado decretó prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros por los delitos de cohecho y prevaricación.
La juez indicaba en sus autos, a los que tuvo acceso Europa Press, que existían motivos, a través de las intervenciones telefónicas, para estimar que el edil exigió dádivas "a cambio de la obtención de una licencia que él mismo viene a declarar ilegal, todo ello en connivencia con el alcalde".
En esta causa están imputadas 24 personas, como son el alcalde, el concejal de Urbanismo, el arquitecto municipal, el asesor jurídico del Ayuntamiento, que fueron citados a declarar como imputados y que volverán a comparecer mañana, y 20 empresarios.
