BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Economía y Finanzas, el socialista Antoni Castells, reclamó hoy "volutad política", porque para el Govern presidido por José Montilla "no es contemplable" llegar a fin de año sin un acuerdo sobre financiación autonómica con el Estado y que dé cumplimiento a las bases establecidas en el Estatut. Por ello, consideró que la situación actual es de "prórroga forzosa".
En su intervención en el Parlament, en el debate sobre las enmiendas a la totalidad a las cuentas de la Generalitat para 2009 presentadas por CiU y PP, Castells dijo: "Es exigible pedir a todos voluntad política" para reformar la financiación y que haya un acuerdo entre la administración catalana y la central.
"El Govern no considera ninguna otra hipótesis, y así deseo reiterarlo ante esta cámara, de que en el año 2009 tendremos un nuevo modelo de financiación", dijo Castells, quien añadió: "No contemplamos otro escenario, ni es contemplable otro escenario. Es inaplazale la reforma del actual modelo de financiación porque así lo determina el Estatut, razón más que suficiente".
Recordó que esto es lo que se desprende del Estatut, que dice que la nueva financiación tiene que empezarse a aplicar el 1 de enero, aunque su aplicación puede ser gradual. Dicha norma también establecía que la Generalitat y el Estado debían alcanzar el acuerdo el 9 de agosto, dos años más tarde de la entrada en vigor de esta ley, algo que no ocurrió.
Castells también recordó que las cuentas para 2009 se han hecho en base al modelo de financiación acordado en 2001 y que sige vigente, y que cuando haya acuerdo, el presupuesto de la adminstración catlana se actualizará. "El Govern procederá a proponer al Parlament las modificaciones presupuestarias oportunas", detalló Castells.
Según el conseller, la actual crisis económica hace "inaplazable" la reforma de la financiación. "Algunos han afirmado que los momentos de crisis no son los más apropiados para hacer frente a la reforma. Para nosotros es exactamente al revés", dijo Castells, puesto que la desacceleración ha implicado un impacto "acusado" en los ingresos de la Generalitat, "y convierte en más imprescindibles las políticas sociales" que tiene que prestar el Govern.
