MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
El fiscal del Tribunal Supremo Fidel Cadena ha asegurado este martes que en el proceso independentista en Cataluña se dio la violencia necesaria que requiere el delito de rebelión, que según ha indicado, no tiene por qué ser "física o militar", y ha responsabilizado a los 12 acusados de provocar esta situación al "manejar a las masas y utilizar a los Mossos d'Esquadra" para sus objetivos.
Cadena ha sido el último de los cuatro fiscales en intervenir en la sesión de este martes del juicio por el 'procés', dedicada a la exposición de las conclusiones finales. Su discurso ha estado centrado en la parte más técnica del delito de rebelión, por el que se pide hasta 25 años de prisión, concretamente para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras.
Ante las posibles dudas sobre si los hechos juzgados cumplen los requisitos para condenar por este delito, ha precisado que en la redacción actual del artículo 472 del Código Penal, "no exige un alzamiento armado o de tipo militar". Para ello, ha recordado jurisprudencia del Tribunal Supremo, incluso la sentencia del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, y ha concluido que "la violencia física no es requisito indispensable", sino que con la "vis intimidativa y la vis compulsiva" es suficiente.
LA "ZANCADILLA Y EMPUJONES" A GUTIÉRREZ MELLADO
De hecho, ha llegado a decir que con los argumentos de la defensas, que insiste en que todas las concentraciones que tuvieron lugar entre septiembre y octubre de 2017 fueron pacíficas, se podría "discutir la tipicidad del alzamiento del 23-F" y ha comparado los hechos con la "zancadilla y empujones" al general Manuel Gutiérrez Mellado, "que en paz descanse", ha precisado.
El fiscal ha señalado que los líderes independentistas fueron los promotores de que millones de personas saliesen a la calle tanto el 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2017 contra la actuación policial, de una forma "intimidatoria". En este sentido, ha mencionado una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece que el derecho de reunión no está protegido cuando los manifestantes tengan "intenciones violentas".
Aunque inicialmente ha defendido que no es necesario las armas para acreditar la violencia, el fiscal ha destacado que el gobierno de Carles Puigdemont puso "un cuerpo armado al lado de la rebelión", haciendo referencia a los Mossos d'Esquadra, pues, según ha dicho, "planificó" la "pasividad" de este cuerpo el día de referéndum para lograr su celebración. Asimismo, ha justificado que el Estado español tuvo que desplazar 6.000 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil a Cataluña porque "no quedaba defensa de España en aquel territorio".
Por todo ello, Cadena considera que sí hubo violencia en el 'procés', pues los acusado "manejan a las masas y utilizan a los mossos para llevar a cabo la lesión del bien jurídico". Con el fin de "imponer sus deseos sobre la ley y sobre el resto de los ciudadanos" son "responsables de toda la violencia, de la que sufren estos y aquellos", ha concluido, en referencia a los votantes que se formaron como "murallas humanas" para impedir a la policía acceder a los centros de votación y los 93 agentes que fueron lesionados durante la actuación el 1 de octubre.
Por otro lado, Cadena ha recalcado que los acusados consiguieron su objetivo que era "declarar la independencia de una parte del territorio nacional" y "derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución", y que estas dos situaciones se contemplan en el delito de rebelión. Pero ha explicado que en este caso, la "rebelión es distinta", pues el "poder púbico ya se ostenta".
En este sentido, se ha remitido a un auto dictado el 5 de enero de 2018 por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sobre este procedimiento, en el que afirma que cada uno de los entonces investigados actuaron "desde una posición preponderante, como integrante de un grupo que actuaba coordinadamente para alcanzar una determinada finalidad: la proclamación unilateral de la independencia tras un referéndum de autodeterminación (*)". "Y lo hacían desde el ejercicio del poder, lo que explica que no necesitaran utilizar en ese momento la violencia para asaltar el mismo como paso previo para la ejecución del plan", ha añadido recordando la misma resolución.
NO ES SEDICIÓN
Con todo ello, ha asegurado que la sedición -delito por el que acusa la Abogacía del Estado-- no encaja en estos hechos porque el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, los exconsejeros que se sientan en el banquillo, la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell y los líderes de las asociaciones soberanistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart "estuvieron juntos, caminaron juntos" para declarar la independencia en Cataluña.
El fiscal ha insistido en que se ha cometido un delito "contra el ordenamiento constitucional y no contra el orden público (*)" y que el 'procés' ha sido "un ataque directo a todo el sistema democrático" porque fue un "levantamiento absoluto contra los cimientos básicos del Estado de Derecho".
Por ello, ha recordado que el Rey Felipe VI tuvo que hacer una aparición pública el 3 de octubre de 2017 para pedir que en Cataluña se "respetara el orden constitucional, no la paz pública", para exigir el "cumplimiento de las obligaciones constitucionales".
