MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha vuelto a negar este jueves la existencia de presión alguna del Gobierno en relación con la presentación de una posible querella contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, en relación al proceso participativo del pasado domingo. La decisión sobre esta acción penal aun no ha sido tomada.
Así ha respondido antes de asistir en el Casino de Madrid a la entrega del XX Premio Pelayo para juristas de reconocido prestigio, que este año ha recaído en el experto en Derecho Mercantil Manuel Olivencia.
Ha señalado a los periodistas que le preguntaban sobre este asunto que no existe novedad después de que ayer dejará al criterio de los fiscales de Cataluña la decisión de interponer o no la querella.
Al ser preguntado sobre posibles presiones, Torres-Dulce ha manifestado, al igual que lo hiciera el pasado martes en Logroño, que esta pregunta "resulta ofensiva" para el Gobierno y también para él mismo y ha recordado que el hecho de que el Ministerio Público pueda recibir presiones es "ilegal e inconstitucional".
"El fiscal general del Estado es perfectamente autónomo", ha destacado Eduardo Torres-Dulce, para remarcar: "No he recibido presiones ni lo aceptaría".
DIFERENCIA DE CRITERIOS
La Fiscalía de Cataluña y los servicios técnicos de la Fiscalía General del Estado mantienen diferencias sobre el número de personas y la calificación jurídica de los hechos derivados de la consulta.
Así por ejemplo, los fiscales catalanes verían posible que, además de desobediencia, pudiera imputarse a los responsables autonómicos un delito de malversación de caudales públicos por el uso de fondos utilizados en la consulta, mientras que este aspecto no es compartido por la Fiscalía General.
Torres-Dulce mantuvo en la tarde de este miércoles una reunión en la sede de la Fiscalía General con el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, y su número dos, Francisco Bañeres, que se prolongó durante una hora y media.
Al término de la reunión, la Fiscalía emitió un comunicado en el que señaló que "la Fiscalía Superior de Cataluña dará cuenta al fiscal general del Estado de la decisión que adopte en el marco de los principios de legalidad e imparcialidad que rigen la actuación del Ministerio Público".
