MÁLAGA, 30 May. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Málaga ha solicitado un total de 30 años de prisión para cinco nigerianos que junto con otros no identificados y dos que se encuentran en paradero desconocido se dedicaban presuntamente al engaño conocido como timo nigeriano o cartas nigerianas, que consiste en enviar documentos falsos a extranjeros diciéndoles que han ganado un gran premio y cuando les han ingresado el dinero para impuestos, lo retiran y huyen del lugar.
Según las conclusiones provisionales del fiscal, a las que tuvo acceso Europa Press, un ciudadano nigeriano cuya identidad real se desconoce, abrió una cuenta corriente en una sucursal de la calle Héroe de Sostoa y días después recibió una transferencia de Australia por importe de 5.173 euros, lo que la directora de la oficina puso en conocimiento de la Policía que montó el dispositivo en el que se identificó a uno de los acusados, en paradero desconocido, y dónde residía.
Así, en noviembre de 2004 se hizo el registro de la casa, en la capital, en la que estaba otra acusada y donde se intervinieron gran cantidad de documentación relacionada con el timo, así como documentos de identidad y de residencia de otro acusado y de otras presuntas víctimas de Estados Unidos, que habrían remitido distintas cantidades de dinero. Además, se encontraron documentos con direcciones de otros domicilios.
En los registros de esas viviendas, también se intervinieron documentación referente a otros acusados, sellos para fabricar papeles, cámaras de fotos, libretas de ahorro, móviles, ordenadores. Asimismo, en otros registros sucesivos en diciembre de dicho año se encontraron más escritos de otras víctimas que demuestran su condición de perjudicadas por haber realizado ingresos de dinero.
Según el relato de la acusación pública, a uno de los acusados se le intervino un teléfono móvil que mientras estaba en manos de la Policía no dejó de sonar, preguntando los interlocutores por un director de oficina de lotería con nombre español, por lo que los agentes informaron de la situación a las víctimas que habían transferido diferentes cantidades en dólares y en euros.
Para el fiscal, los hechos constituyen un delito continuado de estafa en concurso ideal con otro también continuado de falsedad en documentos oficiales, mercantiles y de identidad, por el que pide para cada acusado la pena de seis años de prisión, multa de 3.600 euros e indemnización en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia.
Asimismo, el ministerio público insta a que las embajadas de los países de las personas víctimas de estos hechos conozcan la existencia del procedimiento para que a través de ellos se puedan personar los perjudicados o reclamar los derechos, aunque teniendo en cuenta el resultado de las comisiones rogatorias efectuadas.
