24 de agosto de 2019
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    El fiscal pide 15 años de cárcel para el responsable de Ekin Aramburu Landa, que será juzgado este lunes

    MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

    La Audiencia Nacional juzgará este lunes a Francisco Aramburu Landa, que tenía pendiente responder ante la justicia como presunto responsable del brazo sociocultural del ETA tras permanecer huido de la justicia. El fiscal pide para él 15 años de cárcel por un delito de integración en organización terrorista.

    Aramburu Landa debió sentarse en el banquillo en el año 2007, cuando bajo presidencia de la magistrada de la Audiencia Nacional Ángela Murillo, se celebró el macro juicio que condenó a los responsables de 'Ekin. En aquel momento, sobre el acusado pesaba una orden de busca y captura y quedó apartado del procedimiento, que concluyó con 47 condenados a penas que sumaban 525 años de cárcel.

    Una vez detenido y procesado, Aramburu Landa será juzgado este lunes por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia que preside el magistrado Alfonso Gevara, acusado de delitos de integración en organización terrorista por los que se enfrenta hasta a 15 años de cárcel.

    OTROS ALCANZARON CONFORMIDAD EN 2016

    En abril del año 2016 cinco miembros de Ekin que habían sido detenidos en enero de 2011, acusados de dirigir, coordinar y dinamizar las organizaciones de la izquierda abertzale entre 2009 y 2010, llegaron a una sentencia de conformidad con el Ministerio Público y aceptaron una condena de dos años de prisión e inhabilitación especial por pertenencia a organización terrorista.

    Todos ellos habían firmado una declaración que ya habían suscrito otros 35 miembros del entorno político y social de ETA en un juicio celebrado unos meses antes expresando "compromiso con la renuncia a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia, queriendo que este reconocimiento contribuya a la reparación a las víctimas del terrorismo por el daño y sufrimiento que se les ha causado".

    Después de aquello, el fiscal José Perals, que pedía inicialmente para ellos 10 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación, aplicó el reformado artículo 579 bis 4 del Código Penal que prevé imponer la pena inferior en uno o dos grados cuando el hecho sea "de menor gravedad" y no exista violencia, y las condenas fueron rebajadas a dos años de cárcel.