MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía pidió hoy que el Tribunal Supremo (TS) confirme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la que condena al ex titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga Antonio Vicente Fernández a cuatro años de cárcel y a otros 44 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y cohecho que cometió al dictar sentencias injustas, entre ellas, una con la que dejó en libertad a un jefe de una banda de narcotráfico bajo beneficio económico.
En la vista pública celebrada hoy por la Sala de lo Penal del tribunal, el representante del Ministerio Fiscal pidió la confirmación de la sentencia pues, según argumentó, ésta es "modélica en forma y fondo". "No se debe modificar ni uno de los elementos", según expuso el fiscal, que también pidió que se ratifiquen las sentencias de los otros cuatro condenados en este caso --el abogado Francisco del Pino y Antonio Montesinos, Antonia Ruiz y Manuel Mourente, también beneficiarios de la prevaricación del juez--.
El representante del Ministerio Público también pidió la impugnación de todos los recursos presentados por los abogados de los condenados y, con respecto a los del juez, argumentó que "nadie duda de que este magistrado sabía lo que hacía". Al respecto, indicó que la sentencia no incluye pruebas directas pero sí indirectas, muchos indicios que aparecen "razonados" en la misma.
La sentencia del tribunal andaluz condenó a Fernández a cuatro años de cárcel, 44 de inhabilitación y multa de 16.160 euros por prevaricación y cohecho por dictar resoluciones judiciales "insólitas y carentes de otra justificación que no sea la de favorecer intereses privados", como la que dejó en libertad a un narcotraficante y a su mujer después de que el abogado de éstos --el también condenado por cohecho Francisco del Pino-- le ofreciera dinero para ello.
En otra de esas sentencias, y nuevamente con la mediación de Del Pino, resolvió el pago de un premio de un juego de azar a su ganador, a pesar de que el bingo en el que lo había ganado no se lo había entregado al detectar irregularidades en la partida. A cambio de la resolución, el abogado entregó al juez 5.000 euros.
Ambos casos guardan una "similitud" que, como recoge la sentencia condenatoria, no puede considerarse una "casualidad", ya que se deduce que en los dos se buscó a propósito la intervención en circunstancias "inusuales" del juez, pues en el primero de los casos sustituía al titular del juzgado en el que se formuló la denuncia y en el segundo, se encontraba de guardia.
La defensa de Fernández considera que en la sentencia del TSJA "no ha quedado acreditado" que la participación de éste haya sido delictiva ya que, en lo que se refiere a la revisión de las condenas y la puesta en libertad, "no ha hecho nada que no le permitiera la ley" como juez. Esos autos están, según su parecer "justificados y fundamentados".
Del mismo modo, argumentó que en la condenatoria no ha quedado probado que el magistrado recibiera determinadas cantidades de dinero o intercediera por alguno de los acusados y, al respecto, hizo hincapié en que su estatus económico no era tan "angustiosa" como aparece recogida en la sentencia y en la que se fundamentaron para explicar los ofrecimientos de dinero que le hizo Del Pino, conocedor de esa situación.
