MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al juez Fernando Grande-Marlaska que finalice la investigación para juzgar a los seis militares imputados por la contratación del avión Yak-42, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) provocando la muerte de 62 militares que regresaban de una misión en Afganistán.
En un escrito remitido este viernes al juez Marlaska, el teniente fiscal, Fernando Burgos, sostiene que la "absoluta falta de diligencia" de los "responsables militares competentes" puede poseer "relevancia penal indudable como imprudencia grave en la producción del siniestro".
Aunque fuentes fiscales informaron antes de Navidad que el borrador de escrito del Ministerio Público solicitaba el archivo de la causa, el informe definitivo remitido al juez estima que existe una "concurrencia de indicios que definen la culpa o imprudencia grave generadora de responsabilidad penal en relación con las 62 muertes producidas", lo que se concretaría en otros tantos delitos de homicidio por imprudencia grave.
Burgos destaca que al contratar el vuelo se produjo "una conducta omisiva de los más elementales deberes objetivos de cuidado en el ejercicio de estas funciones", y ello a pesar de que los responsables militares tenían "conocimiento de las enormes deficiencias e irregularidades que caracterizaban los vuelos de esta clase que se ejecutaron en los meses anteriores con aviones de fabricación rusa".
"Lo que nos conduce a sostener que hubiera sido evitable", argumenta el Ministerio Fiscal.
Por eso, el fiscal solicita al juez que continúe con el procedimiento y dé a las partes un plazo de diez días para que soliciten la apertura del juicio oral y formulen escrito de acusación, o bien reclamen el sobreseimiento de la causa o la práctica de diligencias complementarias.
La Fiscalía ha presentado este informe después de que el juez Grande-Marlaska le diera el pasado miércoles un plazo máximo de cuatro días para que informara sobre la petición de las familias de las víctimas de cerrar la investigación de cara a la celebración del juicio oral.
SEIS MILITARES IMPUTADOS
La causa se dirige contra el exjefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuye hasta el momento "todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas"; y el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que considera "responsable de la
contratación" del aparato.
También están imputados el jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor Conjunto (EMACON) y del Grupo de Control del Contrato, el contra almirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; y el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo.
En junio de 2008 Grande-Marlaska cursó comisiones rogatorias internacionales a 15 países, entre ellos Luxemburgo, Ucrania, Bélgica, Turquía o Noruega, para solicitar pruebas e interrogar a un total de 45 testigos.
Los familiares personados sostienen que de la instrucción se ha podido concluir la "evidencia de fallos de seguridad, mal funcionamiento y mal mantenimiento" de las aeronaves ucranianas contratadas a través de la agencia de la OTAN Namsa.
El accidente del Yak-42 ya fue juzgado por la Audiencia Nacional por la falsificación de la identidad de 30 de los 62 fallecidos. El tribunal condenó en mayo de 2009 a tres años de prisión al general Carlos Navarro y a un año y medio de cárcel a los oficiales médicos José Ramírez y Miguel Sáez, aunque posteriormente suspendió la ejecución de las penas.
