CASTELLON, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
El fiscal demanda ocho años de prisión para el administrador de la empresa Intal, S.A., C.B.A.,con domicilio social en Barcelona y dedicada a la refinería de aluminio, al que acusa de verter residuos peligrosos que generaba su actividad en diversos vertederos de Almazora, Xilxes, Oropesa y Vila-real entre 1993 y 1996. El juicio comenzará el próximo lunes en la sección segunda de la Audiencia de Castellón.
Así, en su escrito de conclusiones provisionales, el ministerio público solicita por un delito continuado contra el medio ambiente cinco años y nueve meses de prisión, una multa de 32 meses con un cuota diaria de 10 euros e inhabilitación especial para ejercer sus respectivas profesiones por 3 años y 6 meses para C.B.A., así como para los otros acusados, J.A.P.T. y T.M.C., socios de la empresa Cotravi, encargada de transportar los residuos, y M.B.C. y J.R.M., propietarios de algunos de los terrenos donde se depositaron dichas sustancias.
Además, el fiscal pide para los acusados por otro delito continuado contra el medio ambiente el arresto de 24 fines de semana y una multa de 22 meses con una cuota diaria de 10 euros.
Por otra parte, demanda por un delito continuado de daños la pena de dos años y tres meses de prisión y una multa de 20 meses con una cuota diaria de 10 euros para todos los acusados.
En su escrito de acusación, el fiscal señala que entre 1993 y 1996, C.B.A., entonces legal representante y administrador de Intal contactó con J.A.P., socio de la empresa de transporte Cotravi para que transportara los residuos que generaba su actividad a diversos vertederos de la provincia de Castellón "a pesar de que esta empresa no tenía autorización para el transporte de residuos tóxicos y peligrosos, circunstancia que era aceptada tanto por J.A.P. como por su socio, T.M.C. y el propio C.B.A".
La razón por la que Intal decidió que los vertidos se trasladaran por parte de esta empresa y a vertederos distintos a los señalados por la Administración era que el precio pactado con la misma era muy inferior al que correspondería satisfacer de realizar correctamente el vertido y, a su vez, Cotravi también pagaba un precio a los gestores de los vertederos inferior al correspondiente a un vertedero controlado, pues el resto de acusados, J.R.M. y M.B.C. no tenían los permisos administrativos necesarios para realizar vertidos tóxicos.
El residuo generado por Intal, según el fiscal, tiene la característica de residuo peligroso, pues después de su eliminación puede dar lugar a un producto de lixiviación que puede ser cancerígeno, corrosivo, infeccioso, nocivo, tóxico y mutagénico, por lo que requiere su depósito en suelo especialmente acondicionado o en balsas de seguridad.
El ministerio público asegura que el administrador de Intal y los socios de Cotravi acordaron trasladar los residuos en un camión a Castellón y depositarlos en terrenos de M.B.C y de J.R.M. y de otros propietarios que no habían dado su autorización para la realización de los vertidos.
La irregularidad en la explotación de los vertederos, así como que los mismos carecían de condiciones que aseguraran que no se iba a producir perjuicio alguno al medio ambiente, así como la caracterización del residuo como tóxico y peligroso era conocida por todos los coacusados.
La Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana abrió un expediente administrativo sancionador. Además del peligro para el medio ambiente y la salud de las personas que se produjeron, había un peligro potencial de contaminación de las aguas subterráneas debido a la toxicidad de los productos, de forma que resultaron contaminadas la aguas de un pozo, mientras que en el resto de los vertederos el suelo resultó contaminado con los vertidos, añade el fiscal.
