Su abogado califica de "anécdotas" y "fabulaciones" los indicios para atribuirle un delito de negociaciones prohibidas
MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
El fiscal del Tribunal Supremo Fidel Cadenas ha elevado este jueves a definitiva su petición de suspensión por dos años y multa de 900 euros para el que fuera presidente de una sección de la Sala de lo Contencioso-Adminstrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Joaquín Ortiz Blasco, por haber asesorado a determinados empresarios en los litigios que llegaban a su juzgado en relación con la concesión de licencias de ITV en Cataluña.
Durante la segunda sesión del juicio contra Ortiz el representante del Ministerio Público ha incidido el tribunal que juzga a Ortiz, quien recientemente ha obtenido la jubilación anticipada, en los numerosos indicios que permiten atribuir al exmagistrado un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos que no fue otro que el de asesorar a los empresarios Ricard Puignou y Enric Marugán, representantes de la empresa Certio.
El fiscal ha defendido que ese delito puede ser aplicado a jueces en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y ha insistido en la gravedad de la conducta del exmagistrado del TSJC, si bien ha reconocido que las pruebas existentes no permiten llegar a limputarle prevaricación o el cohecho.
Cadenas ha incidido en el "abanico de actos" cometidos por Ortiz y que incurrieron en el ámbito del asesoramiento de los empresarios que habían recurrido ante su tribunal el decreto de la Generalitat en cuestión y que "no son presumidos", sino que vienen acreditados por los mails y conversaciones que el juez se intercambiaba especialmente por uno de los empresarios, que además pagó un viaje que hicieron en común a Dubrovnik (Croacia).
Se ha detenido especialmente el fiscal en la "representación escénica" que tuvo lugar en un restaurante de Barcelona llamado Can Isidre en enero de 2011, cuando el recurso de los representantes de Certio estaba presentado y Ortiz se citó allí con dos letradas de la Generalitat y uno de los empresarios al que presentó como experto mundial en temas de Inspección Tecnica de Vehículos. Ha rechazado que la actuación de Ortiz pueda ser considerada como mediación judicial.
Por su parte, el abogado de Ortiz, Santiago Milans del Bosch, ha defendido la absolución de su cliente y ha negado que estuviera implicado en ninguna "trama", señalando que el juicio debería haberse limitado a analizar si Ortiz tuvo que abstenerse o no de conocer de este asunto en su juzgado. Ha calificado de "anécdotas" o "fabulaciones" los indicios para atribuirle un delito de negociaciones prohibidas.
En relación con la abstención, Milans del Bosch ha señalado que la citada "amistad íntima" con los empresarios no ha sido acreditada en absoluto, ni siquiera por los 'mails' que se enviaron Ortiz y Marugán en relación con el recurso. Por lo tanto, no se incurrió en causa de abstención por parte de su cliente.
HECHOS DE LA ACUSACIÓN
El Supremo abrió una investigación sobre Ortiz después de que el Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona viese indicios de que realizaba "asesoramiento en interés y al servicio" de los empresarios del sector Ricard Puignou. y Enric Marugán cuando estos presentaron varios recursos en la Sala que presidía contra resoluciones relacionadas con la concesión de estaciones de ITV.
Según el escrito del fiscal elevado este jueves a definitivo, el magistrado Ortiz conocía "sobradamente" que sus amigos empresarios poseían intereses mercantiles relacionados con la adjudicación y explotación de las ITV, pues Puignou era el administrador de Certio y Marugán jefe del anterior, con acciones e intereses en dicha entidad.
Los tres se reunían con frecuencia desde 2010 a comer o cenar y en abril de dicho año realizaron un viaje común a Drubrovnic, sin que esta circunstancia mereciera que Ortiz se abstuviera de los recursos sobre las concesiones de estaciones de ITV que le tocaba resolver. En todos los casos el procesado presidió el tribunal que dictó las sentencias y con respecto a uno de los recursos fue además ponente de la resolución.
Más allá de su función como juez, señala el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, trataba de "preservar el 'statu quo' en la adjudicación de estaciones de ITV" buscando un pacto entre adjudicatarios que posibilitara la pérdida de objeto de los recursos que llegaban a su tribunal.
