MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
La fiscal Anticorrupción Pilar Melero ha rebajado de 14 a 10 años y 10 meses de prisión la petición de condena para el ex director general de la ONCE y ex presidente de Telecinco, Miguel Durán, en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional contra él y otros siete ex accionistas de la cadena privada por presuntos delitos fiscales cometidos cuando estaban al frente de su gestión entre 1990 y 1993.
La fiscal y el abogado del Estado modificaron sus conclusiones provisionales, tal y como anunciaron ya al inicio del juicio, que finalmente han presentado en un escrito conjunto. La Sección Primera de lo Penal rechazó entonces los escritos de acusación presentados por ambas acusaciones, al estimar que en el trámite para las cuestiones previas "no estaba prevista la modificación de las conclusiones provisionales".
Durán se enfrentaba inicialmente a una petición fiscal de 14 años de cárcel y multas de 133 millones de euros por tres delitos continuados contra la Hacienda Pública, falsedad, otorgamiento de contrato simulado y administración desleal. La fiscal solicita ahora 10 años y 10 meses de cárcel y multa de 55 millones de euros por tres delitos fiscales continuados, dos delitos fiscales, uno contra la Hacienda Pública y otro continuado de falsedad. También plantea una pena alternativa de 9 años de prisión por siete delitos fiscales y uno societario continuado de falsedad.
La fiscal pide para los otros siete ex accionistas de Telecinco implicados penas que oscilan entre 1 año y 10 meses y 9 años y 10 meses de prisión. Se trata de Santiago Muñoz Machado, para el que la fiscal rebaja de 10 años a 9 años y 10 meses y multa de 8 millones de euros frente a los 37 millones que pedía en un principio. También propone un alternativa de pena de 12 años de prisión, al incluir varios delitos fiscales.
El Ministerio Fiscal también reduce de 5 años a 2 años y 4 meses de prisión su petición de condena para el empresario Javier de la Rosa, ya condenado por el 'caso KIO'. Asimismo, la fiscal rebaja la multa de 30 millones de euros que pedía inicialmente a 7 millones de euros. Alternativamente, plantea una condena 2 años de cárcel y multa de 60.000 euros por un delito societario continuado de falsedad.
También rebaja de 8 años y multa de 50 millones de euros a 7 años y 10 meses y multa de 25 millones de euros para los acusados Rafael Álvarez Buiza y Ángel Medrano. Para ambos pide una pena alternativa de 6 años de prisión por varios delitos fiscales y uno societario continuado de falsedad.
En cuanto a Juan Carlos López-Cidad y Alfredo Messina, la fiscal eleva su condena de 2 años y multa de 1.000 euros a 3 años y 10 meses de prisión y multa de 60.000 euros. Alternativamente, se propone un apena de 2 años y multa de 60.000 euros. La fiscal también elevó de 1 año y multa de 1.000 euros a 1 año y 10 meses y multa de 60.000 euros su petición de condena para Giovanni Acamporá.
Las acusaciones personadas en la causa expondrán sus respectivos informes los próximos días 26 y 29 de enero, mientras que las defensas de los acusados lo harán los días 5,7,8 y 9 de febrero.
ACCIONARIADO DE LA CADENA.
El escrito de acusación explica que Telecinco se constituyó de la siguiente forma: un 25 por ciento lo adquirió Anaya, a través de Cecisa y registrando la acciones en Telefuturo; otro 25, el grupo italiano Fininvest, propiedad de Silvio Berlusconi; el mismo porcentaje, la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) -contratada por Durán-, a través de Divercisa; el 10 por ciento, Promociones Calle Mayor, participada por Angel Medrano y Rafael Alvarez-Buiza, aunque los pagos los realizó Divercisa; y un 15 por ciento, el fallecido Juan Fernández Montreal.
A principios de 1990, surgieron discrepancias y el Grupo Anaya y Fernández Montreal decidieron abandonar la empresa. Acordaron con Miguel Durán que éste vendería ambas participaciones y les pagaría 6.000 millones de pesetas. En realidad, Durán vendió por ese importe sólo la participación de Cecisa a Javier de la Rosa, que representaba a Tibidabo. Del 15 por ciento restante, el 10 se lo quedó Divercisa y el 5, Promociones Calle Mayor. Fininvest fue informado de todas las operaciones.
Cuando De la Rosa se enteró del sobreprecio que había pagado, amenazó a sus socios con hacer pública la operación realizada, porque la compra-venta no se había declarado y Divercisa superaba el límite legal de participación accionarial en Gestevisión Telecinco, marcado en un 25 por ciento por persona o entidad por la ley 10/1988 que regulaba el régimen jurídico de la televisión privada en España.
Tras rechazar De la Rosa la propuesta de Fininvest de participar en Publiespaña, que tenía la exclusiva publicitaria de la cadena y la formaban el grupo italiano (67 por ciento) y Divercisa (33), se elaboró un entramado jurídico-negocial ficticio, organizado por Santiago Muñoz Machado, para compensar económicamente al empresario catalán sin que nadie resultara perjudicado, "violando la ley tributaria en cuantías tales que devolviesen la rentabilidad a la operación".
Para evitar vulnerar el límite máximo de participación previsto en la ley, los acusados "aportaron de manera continuada y sistemática informaciones inveraces al Registro Especial de Sociedades Concesionarias de Televisión, incluyeron esa información inauténtica en las cuentas anuales de las sociedades afectadas que accedían al Registro Mercantil, y faltaron a la verdad respecto de las transmisiones de acción, de las inversiones y desinversiones extranjeras, y de los titulares últimos de las participaciones en la cadena, en los documentos oficiales y en las comunicaciones al Ministerio de Economía y de Transportes y Telecomunicaciones". Todo ello, entre 1990 y 1996.
Así, cuando De la Rosa, después de ser compensado, decidió vender su participación, Fininvest evitó que entrara un socio hostil, mediante la empresa Turmogi -luego Hamudi-, aunque el desembolso lo realizó el grupo italiano a través de sus cuentas secretas en Suiza. Como la operación hacía que Fininvest superara ampliamente el 25 por ciento marcado por la ley, se dijo a los organismos públicos que Hamudi pertenecía al grupo alemán Kirch. Acampora y Messina fueron los encargados de ejecutar la operación, para lo que Fininvest constituyó la sociedad Prokyon en Luxemburgo. Algo similar se hizo en 1993 cuando la ONCE vendió su participación a Fininvest.
DURÁN
Además de por el fraude cometido por los ex accionistas de Telecinco contra la Hacienda Pública, al no pagar el impuesto de sociedades o del valor añadido, Miguel Durán también está acusado de que en 1988, para evitar el pago de tributos, desvió "ingentes cantidades de dinero de la ONCE a una sociedad mercantil constituida al efecto, Divercisa".
A pesar de que no podía acogerse al régimen de transparencia fiscal, por estar participada por la ONCE, así lo hizo en varios ejercicios. Asimismo, Durán "dispuso que Divercisa no presentara declaración por el impuesto de sociedades de 1991", eludiendo un pago de 538.771.104 pesetas.
Tanto Muñoz Machado como Durán, "directamente o a través de sus familiares u otros colaboradores directos, constituyeron o utilizaron a partir de 1990 un grupo de sociedades mercantiles" por ellos "controladas mediante las que ordenaron el patrimonio que fueron adquiriendo en dichos años, con el triple objeto de ocultar su personal titularidad, instrumentar diferentes negocios jurídicos de forma que quedara oculta sus participaciones en los mismos, y simultáneamente, eludir el pago de tributos".
