MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
El fiscal del Tribunal Supremo ha solicitado este martes la confirmación de las condenas de cuatro años y un día y cinco años de prisión que impuso el pasado mes de noviembre la Audiencia Nacional a Gorka Belotaza Vilagrasa y Oier Martínez del Campo, por cuatro actos de 'kale borroka' cometidos contra entidades bancarias de Vitoria entre enero y mayo de 2002.
Se les considera responsables del delito de transporte de sustancias explosivas en concurso ideal con un delito de daños.
Durante la vista celebrada hoy por el Tribunal Supremo para estudiar los recursos de casación, tanto el abogado defensor de los condenados como el representante del Ministerio Público han rechazado realizar un informe oral y se han remitido a sus respectivos escritos.
El letrado ha solicitado la libre absolución de ambos por considerar nulas las pruebas de ADN que sirvieron de prueba de cargo para condenarles, además de la aplicación de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.
Al término de la breve vista, el representante del Ministerio Público ha explicado a los medios de comunicación presentes que él se opone a ambos motivos. En primer lugar porque considera que no hubo errores en la cadena de custodia de las pruebas genéticas, tal y como asegura la defensa, y además porque entiende que basta con la aplicación de dilaciones indebidas ordinarias como consideró la Audiencia Nacional en su momento.
UN TOTAL DE CINCO ACUSADOS
La sentencia dictada por la Audiencia Nacional el 26 de noviembre del año pasado condenó a un total de cinco jóvenes por los actos de "kale borroka " en Vitoria, si bien ante el Tribunal Supremo sólo han recurrido dos de ellos.
En su día, se impuso a dos de los condenados, Iñigo Murga y Mikel Ruiz Balsategi, la pena de dos años de cárcel, que eran los que había pedido para ellos el fiscal, después de que mostraran su "arrepentimiento" durante la vista celebrada en la Audiencia Nacional y llegaran a un acuerdo con la defensa. La petición inicial para ambos por parte del Ministerio Público era de siete años y medio y ocho años de prisión.
Las penas más altas, de cuatro años y un día y cinco años de prisión por los mismos delitos, recayeron en Gorka Belotaza Vilagrasa y Oier Martínez del Campo, quienes durante la vista negaron su participación en los hechos. En cuanto a José Antonio de la Red, para quien la Fiscalía rebajó también su petición de condena, y que tampoco ha recurrido ante el Supremo, la Audiencia acordó un año y medio de prisión. MÁS DE 96.000 EUROS EN DAÑOS
A todos ellos les atribuye la comisión de daños superiores a los 96.000 euros: 45.000 euros en la sucursal del BBVA de la calle Reyes de Navarra (atacada el 22 de enero de 2002), 3.000 euros en la asesoría Servigest de la plaza del Marqués de la Alameda (25 de febrero de 2002), 35.000 en las de Caja Vital y la Caixa de la calle Arana (21 de abril de 2002) y 2.500 en la de la Caja Vital-Kutxa de la calle Eduardo Velasco (7 de mayo).
La Audiencia Nacional justificó las condenas en la abundante prueba realizada sobre el perfil genético de los jóvenes, que viene a corroborar las manifestaciones que realizaron tras su detención "dotándolas de la verosimilitud objetiva que se desprende de la coincidencia con manifestaciones de testigos y periciales practicadas".
