BILBAO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, cree que las leyes deben adaptarse, "de alguna manera, a la nueva situación" del fin del terrorismo de ETA. Además, ha manifestado que la incomunicación a detenidos "parece que no ha sido muy útil".
Calparsoro ha asistido al encuentro de jueces, fiscales, abogados penalistas, políticos y académicos, organizado en Bilbao por la Fundación Sabino Arana, con el fin de buscar fórmulas que lleven a "la adaptación de la Justicia" al actual escenario abierto desde el cese de la actividad armada de ETA en octubre de 2011.
El máximo representante del ministerio público en Euskadi ha considerado que "la nueva realidad debe influir, no sólo en la aplicación y en la interpretación de las leyes por parte de los jueces y fiscales, y en el sistema penitenciario", sino que también "debería afectar a un cambio legislativo, es decir, que las leyes se adaptasen, de alguna manera, a la nueva situación respecto al terrorismo vasco y de ETA".
"Otra cosa es que subsiste la problemática de la criminalidad vinculada al terrorismo como pueden ser el islamista u otro tipo de actividades de máxima peligrosidad, que pueden justificar algún tipo de normas, pero parece que, respecto al terrorismo más grave que ha habido en Euskadi y en el Estado hasta hace dos o tres años, esto requeriría una ciertas adaptaciones legales y jurisprudenciales", ha añadido.
INCOMUNICACIÓN
En cuanto a la incomunicación, ha señalado que "es una medida que subsiste en la Ley" y que se ha criticado por los ponentes en el seminario. Tras señalar que él no tiene "suficientes datos" para pronunciarse sobre esta medida, que es aplicada por la Audiencia Nacional, ha destacado que "parece que no ha sido muy útil". "Es una medida punitiva, cuya efectividad parece que no ha justificado este régimen de incomunicación", ha añadido.
Juan Calparsoro también se ha referido a otros aspectos de la legislación antiterrorista y ha apuntado que "se están adoptando a los nuevos tiempos". "De alguna manera, hay que adecuarse a los principios de la Constitución y del Convenio Europeo de Derechos Humanos", ha añadido, para afirmar que hay que avanzar hacia un sistema cada vez "más respetuoso con estas garantías".
