Fiscales atribuyen la salida de Junqueras a la negativa del TS a imponer el periodo de seguridad pedido en el juicio

Publicado: jueves, 27 febrero 2020 18:34

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las salidas de prisión de la práctica totalidad de los políticos independentistas condenados por sedición -los próximos serán el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el exconsejero Raül Romeva, que podrán abandonar la cárcel de Lledoners (Barcelona) tres días a la semana por decisión de la Junta de Tratamiento de este centro penitenciario-- es vista en ámbitos fiscales como una clara consecuencia de la negativa, por parte del tribunal que juzgó el 'procés' de aplicar el 'periodo de seguridad' instado por el Ministerio Público durante el juicio.

Así lo señalan varias fuentes fiscales consultadas por Europa Press que lamentan que la Sala que juzgó el caso rechazara aplicar a los condenados el artículo 36.2 del Código Penal, lo que les hubiera obligado a cumplir la mitad de la pena impuesta para poder acceder al tercer grado penitenciario u a otro tipo de beneficios.

Por el momento las juntas de tratamiento de las prisiones donde cumplen pena los nueve condenados por sedición han facilitado estas salidas de prisión a siete de ellos, todos menos los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull. Las decisiones se han adoptado de forma escalonada y apenas cuatro meses después de dictarse la sentencia que les condenó a penas de privación de libertad de entre 13 y 9 años de cárcel.

Estas decisiones no pueden ser recurridas por los fiscales del Tribunal Supremo que ejercieron la acusación durante el juicio, sino por la Fiscalía por la del lugar en el que están ubicadas las prisiones afectadas.

Así, la Fiscalía Provincial de Barcelona ya se ha posicionado respecto a la aplicación del 100.2 en el caso de Forn, Cuixart y Snchez, oponiéndose a su concesión en los tres casos, ya que considera que se enmarca en un plan para otorgarles "de forma generalizada un régimen de semilibertad". Estas impugnaciones, sin embargo, no paralizan las salidas, que ya se han producido en todos los casos aprobados por las juntas de tratamiento.

LLEGADA DE DELGADO

Las mismas fuentes consultadas señalan que confían en que la política fiscal no varíe pese al cambio en la cúpula del Ministerio Público una vez la exministra de Justicia, Dolores Delgado ha tomado posesión de su cargo como fiscal general.

Así, apuntan que además puede darse el caso de que Delgado deba abstenerse de tomar decisiones sobre este asunto, ya que se la podría considerar 'contaminada' por su paso por el Ministerio, del que depende la Abogacía del Estado que estuvo personada en la causa.

Según el artículo 28 del Estatuto Fiscal los miembros de esta institución no pueden ser recusados, pero deben abstenerse de intervenir en los pleitos cuando les afecten algunas de las causas de abstención que aparecen en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

EN CASO DE ABSTENCIÓN, NAVAJAS

Cuando se trate del Fiscal General del Estado resolverá la Junta de Fiscales de Sala, presidida por el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, y contra dicha decisión no cabrá recurso alguno. En el caso de que esto ocurra con Delgado, señalan las mismas fuentes, el encargado de los asuntos relativos al 'procés' será el teniente fiscal del Tribunal Supremo, a quien Delgado mantendrá de momento en el cargo hasta su jubilación el próximo mes de diciembre.

Otro de los artículos del Estatuto que podría pasar a centrar la atención informativa en los próximos meses es el 27, que regula la forma de proceder en el caso de que un miembro del Ministerio Público recibiera "una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente".

En principio, si esto ocurre debe hacérselo saber a su fiscal jefe mediante informe razonado, si bien el asunto de no solucionarse terminaría ante la junta de la Fiscalía correspondiente. "Si la orden fuere dada por el Fiscal General del Estado, éste resolverá oyendo a la Junta de Fiscales de Sala", junta a la que pertenecen los cuatro fiscales que participaron en la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo.