MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha solicitado al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que averigüe si las mascarillas defectuosas de tipo FFP2 que adquirió el Gobierno fueron distribuidas entre funcionarios y fiscales.
En la reunión mantenida este miércoles con las asociaciones de fiscales, Campo ya adelantó que no le consta que ese lote defectuoso haya ido a parar a los juzgados, y aseguró que todo el material de protección ha sido verificado por técnicos.
Al hilo, en el podcast de la APIF, el fiscal del Tribunal Supremo y miembro de la asociación, Salvador Viada, ha explicado que recalcaron a Campo que si bien colaborarán de forma plena para que la Administración de Justicia sufra lo menos posible tras el estado de alarma, establecen una línea roja, y es que deben existir garantías para la salud de quien trabaja en Justicia.
Sobre ese camino hacia la normalidad, el ministro les trasladó que se prepara un decreto ley de medidas urgentes par la salida del estado de alarma que contempla una incorporación progresiva a la normalidad, y que se prevé un periodo de tres a seis meses de transición.
Durante ese periodo transitorio se seguirán manteniendo distancias sociales, y desde APIF trasladaron al ministro la necesidad de potenciar el teletrabajo y de derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que no haya tope temporal en la instrucción. Al respecto, la asociación aboga por derogarlo mediante decreto ley pero desde el ministerio se descarta esa vía porque ya está en trámite parlamentario avanzado.
PROPUESTAS DE APIF PARA EL PERIODO DE TRANSICIÓN
Por otro lado, Viada explica que propusieron al ministro la mejora de las herramientas de transcripciones de las declaraciones tanto sumariales como las que se prestan en juicio oral, y recuerda son "herramientas al alcance del común de los mortales" por lo que desde el departamento de Campo se podía realizar el esfuerzo porque facilitaría el trabajo.
Además, desde la APIF insisten en la necesidad de crear una bolsa de titulares para sustituciones internas durante este periodo de transición hacia la normalidad, aunque son conscientes de que tanto Justicia como la Fiscalía General del Estado abogan por las comisiones de servicio.
A estas propuestas sumaron que se debe crear un protocolo de comunicaciones telefónicas con los abogados para las conformidades. A juicio de los fiscales, de esta manera se evitaría el intercambio de opiniones al inicio de los juicios que obliga al fiscal a tener que estar interrelacionando y es "absolutamente innecesario". Ese protocolo, señalan, debe ser coordinado con los colegios de abogados al objeto de evitar eventuales peligros de contagio.
UNA APP PARA ABOGADOS
A todo esto suman que se debe reducir la extensión de los escritos procesales, que se debe ampliar de cinco a quince días el plazo para apelaciones ante la posible avalancha de notificaciones de resoluciones, y que se ha de crear una aplicación móvil para que los abogados conozcan si sus vistas van con retraso, y eviten permanecer en pasillos y dependencias de manera innecesaria.
"No es complicado, es sencillo, lo hacen los hospitales ya, y se trata de que el abogado sepa si su juicio se retrasa, para que no esté ni el abogado ni la personas que intervengan esperando en las dependencias generando riesgos", explican.
Por último, le trasladaron al ministro su disconformidad con la posibilidad de que se habilite una quincena de agosto para trabajar, y le mostraron su apoyo para lograr que la instrucción recaiga en los fiscales. No obstante, le recordaron que no están de acuerdo en el modo de designación del FGE ya que consideran que "para acabar con la imagen de politización, sería conveniente eliminar estas vinculaciones políticas".
