La asociación lamenta la posición de la Fiscalía General del Estado en el 'caso Couso'.
MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha propuesto en las conclusiones de su XXII Congreso, celebrado este fin de semana en Oporto, que se adopten las medidas legislativas necesarias para que haya un "seguro obligatorio" de responsabilidad civil para la cobertura a los accidentes labores. Además, lamentó la posición de la Fiscalía General del Estado en el caso del periodista José Couso, muerto en Irak.
En las conclusiones finales de este congreso, la UPF hizo también referencia al "insoportable" número de siniestros laborales y a la gran cantidad de ellos en los que la justicia no logra una satisfacción de las responsabilidades civiles por indemnizaciones, debido a la situación de insolvencia de los responsables.
Por este motivo, la UPF pide a los poderes públicos, y en particular al Ministerio de Justicia, que se adopten las iniciativas legislativas pertinentes, para que con la máxima urgencia, "se regule un seguro obligatorio de responsabilidad civil que proporcione una cobertura efectiva e inmediata en materia de riesgos laborales, consecuencia del incumplimiento de las normas y reglas de seguridad en el trabajo". En su opinión, deberá ser similar al ya existente en otras materias como circulación vial y caza.
LAMENTA POSICIÓN FISCAL.
Por otra parte, la UPF lamentó la posición de la Fiscalía General del Estado en el caso del cámara de Telecinco muerto en Irak, José Couso, porque "en la práctica ha supuesto un retroceso de la activa aplicación del principio de jurisdicción universal para los llamados crímenes de lesa humanidad, dentro de nuestro marco legal".
En las conclusiones del congreso también expresan su reconocimiento "por la sacrificada y poco reconocida labor" de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la lucha contra la corrupción política y económica por "las enormes dificultades con las que trabajan y la presión a las que se ven sometidos".
RECHAZO A CRÍTICAS PARA "DESVIAR ATENCIÓN".
Además, muestran "el más absoluto rechazo por las opiniones vertidas en algunos medios de comunicación por determinados representantes políticos, empresariales y sociales que, para intentar desviar la atención frente a actos altamente perniciosos para la sociedad, censuran las actuaciones policiales y judiciales tan normales y perfectamente ajuntadas al derecho como las detenciones entradas y registros".
En opinión de la UPF, las criticas "curiosamente vienen de los mismos sectores que piden mano dura contra los delitos de bagatela y contra los inmigrantes".
En materia de inmigración, la UPF se une al Defensor del Pueblo y al reciente Congreso Nacional de Abogacía y considera "inaplazable dotar a los menores extranjeros de la debida asistencia jurídica en el proceso repatriativo que desarrolle la defensa de sus intereses".
Además, defiende un papel más activo de los fiscales para "garantizar la efectividad de ese derecho y para exigir a las Comunidades Autónomas la asunción de la tutela automática de estos menores en garantía de su adecuada protección y derechos, en el plazo legalmente establecido", afirman.
Respecto a la expulsión de extranjeros, la UPF insta al gobierno y a los grupos parlamentarios para que "adopten o agilicen los trámites correspondientes, a fin de que pueda adoptarse la redacción del art.89, que regula la expulsión inmediata como sustitutiva de la pena".
LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL.
En el ámbito de las reformas procesales la UPF considera que, faltando poco más de un año para el XXX aniversario de la Constitución, es "absolutamente inaplazable" la promulgación de una Ley de Enjuiciamiento Criminal de la democracia, que recoja de manera integral y coherente los valores y principios constitucionales.
Considera que es necesaria la implantación de un modelo procesal moderno y ajustado a la Constitución y eso pasa "inexorablemente" por "la distinción entre aquellos conflictos cuya resolución exige un proceso penal propiamente dicho, y aquellos otros que encuentran solución más eficaz en medidas alternativas capaces de ofrecer, en el marco de la realidad social actual, un mejor tratamiento del delincuente y una mayor satisfacción a las víctimas".
Por ello, cree "imprescindible" que la nueva Ley Procesal, vaya acompañada por una Ley de Mediación Penal, para facilitar soluciones extra procesales basadas en los principios de reeducación del delincuente y reparación eficaz del perjuicio causado.
