La defensa argumenta contra el cambio de delito por el que se le reclama tras la sentencia del 'procés'
MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía y la Abogacía del Estado han defendido este miércoles en el Tribunal Supremo la competencia y argumentos utilizados por el instructor de la causa del ''procés', el magistrado Pablo Llarena, contra las últimas decisiones que éste adoptó, el pasado mes de enero, en relación el el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y otros huidos por el 'proces'.
Se han celebrado dos vistas de apelación, contra la tramitación de un suplicatorio al Parlamento Europeo y otra contra el mantenimiento de la vigencia de las órdenes de detención contra todos ellos.
Por su parte, la defensa de los líderes independentistas ha argumentado la falta de competencia del instructor por no tratarse ya de aforados -ya no son miembros del Parlament ni del Gobiernro de la Generalitat-- y porque considera que el órgano remisor de todas las peticiones debería haber sido el Ministerio de Justicia, según han señalado fuentes presentes en la vista, que se ha celebrado a puerta cerrada.
El abogado defensor, Gonzalo Boye, ha señalado igualmente los problemas legales que presenta el hecho de que el auto de procesamiento dictado en su día contra los huidos y ahora parlamentarios europeos-Puigdemont y exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí-- fuera dictado y declarado firme por la Sala de lo Penal del Supremo por el delito de rebelión, mientras que las peticiones de detención y suplicatorio hablan ahora de sedición, al adaptarse tras la sentencia del 'procés".
En la vista también ha participado la representación letrada de la acusación popular, ejercida por Vox, que ha argumentado en contra de que las decisiones adoptadas por tribunales europeos puedan determinar las decisiones de Tribunal Supremo español, según las mismas fuentes.
DISPUESTOS A DECLARAR
La Abogacía del Estado, por su parte, se ha mostrado en contra de las peticiones de la defensa precisamente por la condición de huidos de la justicia de los ex mandatarios catalanes, algo que Boye ha rebatido señalando que siempre han estado a favor de que se tramitara una orden de investigación para que prestaran declaración desde sus actuales lugares de residencia, algo que el instructor nunca ha acordado.
El alto tribunal había fijado inicialmente para deliberar sobre esta cuestión la fecha 24 de septiembre, si bien tras la petición de los abogados defensores de los líderes independentistas el asunto se ha celebrado en una vista con asistencia de los letrados de todas las partes.
La defensa de Puigdemont, que ejerce Gonzalo Boye, recurrió la decisión al considerar que Llarena no es competente para pedir el suplicatorio porque el líder independentista, huido en Bélgica y procesado por los delitos de sedición y malversación, renunció a su escaño en el Parlament, por lo que ya no es aforado ante el Supremo.
El expresident presentó su renuncia al escaño en el Parlamento de Cataluña el pasado 7 de enero, al igual que hizo el exconsejero catalán Toni Comín, también eurodiputado y procesado por el proceso independentista.
Para justificar esta alegación, la defensa de Puigdemont menciona en su recurso de apelación jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la que, según dice, concluye que "no es competente para conocer de las causas contra los diputados al Parlamento Europeo" porque se ha establecido que "el aforamiento es una cuestión por completo independiente de las inmunidades".
No obstante, fuentes del alto tribunal han señalado a Europa Press que, a priori, el recurso tiene pocos visos de prosperar puesto que al ser reconocido como europarlamentario, función que ya está ejerciendo, continúa teniendo condición de aforado ante el alto tribunal.
En sendas resoluciones que dictó en pasado mes de enero, Llarena ratificó la orden de detención en territorio español, donde si los líderes independentistas fueran arrestados no les alcanzaría la inmunidad al estar ya procesados y no se requeriría suplicatorio.
Asimismo, pidió a Bélgica que dejara sin efecto los plazos para resolver sobre las euroórdenes hasta que el Parlamento Europeo decida sobre los suplicatorios, algo que nueve meses después aún no se ha producido.
