La Fiscalía cree "excesiva" la pena para De Juana pero matiza que es pronto para plantear una "sustancial reducción"

Actualizado: martes, 10 octubre 2006 22:06


MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de la Audiencia Nacional aseguró hoy que la petición de 96 años de cárcel para el etarra Juan Ignacio de Juana Chaos, por las amenazas presuntamente vertidas en dos cartas publicadas por el diario 'Gara', "puede ser excesiva y desproporcionada según una perspectiva estrictamente jurídico-penal", informó hoy la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, el Ministerio Público matizó en un comunicado de prensa que "rechaza por absolutamente infundadas" las afirmaciones "que dan por cierta y segura una sustancial reducción" en su petición, o que vinculan esta hipotética rebaja "con otras circunstancias ajenas al proceso" judicial. En algunas de estas informaciones se relaciona el anuncio de la Fiscalía con el "proceso de paz" o con el reciente rebrote de la 'kale borroka' (violencia callejera).

Además, recuerda que el escrito de calificación, que prevé esta petición de pena de 96 años, sólo podrá ser modificado al final del juicio contra él en el informe de conclusiones del fiscal, tras ser practicadas las pruebas necesarias y "en función de su resultado". Esta variación de las conclusiones, asegura, es una práctica "frecuente y habitual en innumerables procesos penales".

Asimismo, afirma que, "como en otros asuntos de especial transcendencia", la proximidad del juicio "requiere un examen en profundidad" de las penas solicitadas y su "adecuación a la gravedad de los hechos".

Fuentes fiscales de la Audiencia Nacional explicaron ayer que la Fiscalía estudia rebajar su petición para De Juana hasta situarse en torno a los 6 años de cárcel. La razón de la modificación de la postura de la Fiscalía, explicaron, podría obedecer a la consideración de los hechos como un delito continuado y encontrar desproporcionada la condena de 96 años de cárcel.

Esas mismas fuentes señalaron ayer que, por cuestiones de derecho procesal, el representante del Ministerio Público no podrá realizar formalmente una rebaja en su petición de pena de cárcel para De Juana hasta el juicio oral.

63 DÍAS DE HUELGA DE HAMBRE

El acusado abandonó el domingo, tras 63 días, la huelga de hambre que inició en protesta por esta nueva imputación, que evitó su excarcelación en febrero de 2005, después de haber cumplido 18 años de prisión de los casi 3.000 a los que había sido condenado por once atentados en los que murieron 25 personas.

A principios de la semana pasada, la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional autorizó el ingreso del etarra en un centro hospitalario con recursos especializados para hacer frente a su grave estado de salud. Como consecuencia de esta decisión, De Juana fue trasladado el pasado viernes desde la unidad penitenciaria del Hospital Punta de Europa de Algeciras (Cádiz), cercano al centro donde cumplía prisión preventiva, hasta el Hospital Doce de Octubre de Madrid.

El tratamiento urgente para el terrorista, que ya ha abandonado su actitud contraria a recibir alimentos, tenía como objetivo, además de controlar "debidamente" su estado de salud, favorecer las condiciones necesarias para su recuperación, con miras a garantizar su presencia en la celebración del juicio previsto contra él el próximo 27 de octubre.

Para esa fecha está señalado el comienzo de la vista oral en la que está acusado de amenazar, en artículos publicados en el diario "Gara", al presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, y a cinco directores de prisiones.

Además del magistrado Gómez-Bermúdez, la Fiscalía considera que el etarra amenazó en sus escritos a los directores de prisiones Antonio Diego Martín, Jesús Eladio del Rey, Francisco Sanz, Manuel Sebastián Martínez y Miguel Rodríguez.

En los textos publicados en "Gara", De Juana Chaos afirmaba que el magistrado Gómez-Bermúdez era una "estrella meteórica labrada sobre sufrimiento vasco" y le culpaba de impedir su salida de prisión. En el artículo "Gallizo" (apellido de la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo), también acusaba a cinco directores de centros penitenciarios de torturar a los "presos políticos vascos".