MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
El fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Alonso defendió hoy que el juicio contra al ex represor argentino Ricardo Miguel Cavallo, acusado de los delitos de genocidio y terrorismo, se celebre en España. Alegó a la competencia de la jurisdicción española para enjuiciarle por los crímenes que supuestamente cometió durante la dictadura militar argentina, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional que estableció que los tribunales españoles tienen competencia para investigar crímenes de lesa humanidad.
La Sección Tercera de lo Penal de esta sede judicial celebró hoy una vista para revisar la cuestión previa planteada por la defensa de Cavallo sobre la falta de competencia para enjuiciar al ex militar por estos hechos, por los que se enfrenta a penas que oscilan entre los 13.332 y los 17.010 años de prisión.
El abogado de Cavallo, Fernando Pamos de la Hoz, solicitó al tribunal su extradición para que sea juzgado por la justicia argentina por estos mismo hechos. Se basó en las Leyes de Punto y Final --que impedían el procesamiento de implicados en la dictadura militar--, cuya anulación por la Corte Suprema de Argentina todavía no tiene plena efectividad, según fuentes de la defensa.
Además de la jurisprudencia del TC, el fiscal Alonso argumentó que el actual momento procesal, a la espera de que se fije la fecha de la vista oral, hace que la extradición sea un trámite que no habría que dilucidar. Recordó que la Sala recibió en diciembre de 2005 una comisión rogatoria de Argentina que informó acerca de que no se iba a pedir su entrega, al no tener ningún procedimiento abierto en el país.
SIN CAUSAS EN ARGENTINA.
El abogado Manuel Ollé, que ejerce la acusación particular en esta causa, coincidió en señalar a Europa Press que "lo mejor es que Cavallo sea juzgado en España". Indicó que la comisión rogatoria de Argentina "dio la razón" a España, al asegurar que no hay ninguna causa abierta, a pesar de que su nombre aparece en un procedimiento que todavía no ha comenzado a investigarse.
Por su parte, el abogado Carlos Slepoy, que ejerce la acusación popular, insistó a Europa Press, en que "hay dos elementos que determinan" que Cavallo debe ser juzgado por los tribunales españoles. En primer lugar, se refirió a la jurisprudencia del Constitucional y, en segundo, a que la justicia argentina no ha pedido a España su entrega.
También advirtió de que si no se fija la fecha de la vista oral para antes de junio, el ex represor argentino, encarcelado desde junio de 2003, podría abandonar la cárcel, al cumplirse el máximo de cuatro años de prisión preventiva.
