6 de abril de 2020
19 de septiembre de 2008

La fiscalía gala pide 6 años de cárcel para Joseba Troitiño, presunto implicado en las 'campañas de verano' de ETA

PARÍS, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Público francés pidió hoy 6 años de cárcel y la prohibición de regresar a suelo francés para el presunto etarra Jon Joseba Troitiño, implicado en las denominadas 'campañas de verano' de la banda, al considerar probada su pertenencia al aparato militar de la organización. La Fiscalía reclamó, asimismo, cuatro años de cárcel para Zuhaitz Errasti, detenido en Francia junto a Troitiño y al que vincula igualmente con el aparato militar pero con un menor nivel de implicación.

Troitiño, al que las autoridades españolas acusan de haber cometido el doble atentado contra hoteles de Alicante y Benidorm en julio de 2005 que causó heridas a 13 personas, fue detenido por la Policía francesa en agosto de 2005 en un centro comercial de Brive-la-Gaillarde, en el centro de Francia, junto a Zuhaitz Errasti-Goiti.

La fiscal Fanny Bussac puso entre otras cosas de relieve que el material hallado en uno de los apartamentos ocupados circunstancialmente por los acusados, el de Arpajon-sur-Seine alquilado en junio de 2005 no era un sitio para almacer o fabricar material explosivo sino un lugar de paso dedicado a la formación de los nuevos miembros de la banda, algo que, a su juicio, demuestra que Troitiño era el encargado de impartir esa formación.

En su alegato, Bussac hizo un breve recorrido por la historia de la banda para recordar que lleva a cabo una violencia "autista", silencia todo intento de disidencia en su seno y no ha abandonado nunca las armas salvo en los momentos de tregua. Contabilizó que hasta la fecha han sido 823 las personas asesinadas y recordó el último intento frustrado de atentar en el País Vasco contra un policía al que la banda colocó una bomba-lapa en los bajos del coche.

Asimismo, resaltó que es en Francia donde la banda encuentra no sólo refugio sino donde prepara los atentados, se hace con todo el material necesario e instala a los nuevos miembros reclutados por la organización.

Bussac consideró pues probado que los dos acusados formaban parte del aparato militar --encargado de cometer los atentados-- en el momento de su detención en 2005, año en el que, según la fiscal, la banda vivió un momento de transición y reorganización de su estructura y las competencias de los diferentes aparatos eran más bien transversales.

EXPULSADOS DE LA SALA

El inicio de la vista, presidida por la juez Bourgeois, se vio alterado por la expulsión de los dos acusados y de la treintena de simpatizantes de ETA presentes en la sala, después de que Errasti se levantara del banquillo para entonar el 'Eusko Gudariak' (Himno al soldado vasco) y lanzara vivas a ETA. También se escucharon gritos de 'Viva ETA militar' de boca de los asistentes.

El incidente se produjo después de que la presidenta del Tribunal se negara a escuchar de los acusados los tradicionales argumentos que se repiten en cada juicio acerca de la situación política en el País Vasco. "Somos dos prisioneros políticos vascos", comenzó diciendo Troitiño.

"Se ha llenado la boca acusándonos de terrorismo y tenemos que responder que sois vosotros los que habéis venido a nuestras casas y vaciado pueblos enteros", proclamó por su parte Errasti antes de protagonizar el altercado que provocó que la audiencia continuara sin la presencia de los dos acusados.

La presidenta del Tribunal resumió la instrucción sumarial y las infracciones que se les imputan, entre ellas robo y posesión de documentación falsa en relación con una empresa terrorista y mencionó los hechos que les vinculan con ETA, como el hallazgo del piso de Valencia en el que se encontró material para la fabricación de explosivos.

Aludió también a las agendas en las que figuraban los encuentros de Troitiño con dirigentes de la banda y el hecho de que su nombre apareciera igualmente a la documentación incautada al entonces jefe del aparato militar, Jon Fernández Iradi, alias 'Susper'.

La abogada defensora de los dos presuntos miembros de ETA, Miren Illarreta Casas, se limitó a pedir la libertad para sus clientes y a recordar que lo que querían decir es que no reconocen la legitimidad del Tribunal para juzgarles. La sentencia se dará a conocer el próximo 9 de octubre.