MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía General del Estado ha trasladado a la Fiscalía de Madrid el escrito del Senado, a petición del PP, para que se decida si se investiga por ser delito o no la negativa de una persona a declarar en la comisión de investigación de la financiación de partidos.
La Mesa del Senado ha recibido la notificación de la Fiscalía de que traslada a Madrid este asunto. Se trata de la comparecencia en la citada comisión el pasado 25 de octubre de Lucía Pascual, ex trabajadora de la empresa Crespo Gomar, envuelta en un supuesto caso de corrupción del PSPV en Benidorm.
Pascual acudió a la comisión (es obligatorio comparecer), pero se negó a responder a las preguntas del PP, el único partido que interviene e interroga a los comparecientes. "No voy a contestarle", fue su respuesta a las sucesivas preguntas del portavoz 'popular', Luis Aznar.
En el escrito a la Fiscalía, al que se le añadió una copia del acta de aquella sesión, el PP explica que la Constitución prevé la creación de comisiones de investigación parlamentarias, que la Ley Orgánica 5/1984 desarrolla la obligación de comparecer ante ellas y que el Código Penal castiga tanto el no acudir como no decir la verdad. Además, el Reglamento del Senado prevé que a estas comisiones se pueda llamar a "cualquier persona para declarar".
Con todas estas normas en la mano, los 'populares' entienden que el hecho de comparecer queda vinculado con el de dar testimonio, que desde este punto de vista sería por tanto obligatorio.
El PP asegura en su escrito que Lucía Pascual decidió "no colaborar" con la comisión de investigación y no quiso responder a las preguntas del portavoz 'popular' sobre "las funciones y el funcionamiento" de la empresa en la que había trabajado. Según argumenta el grupo mayoritario, se negó a contestar a asuntos "tan inocuos como la ciudad en la que reside en la actualidad".
