MARBELLA (MÁLAGA), 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Málaga tiene abiertas diligencias de investigación a raíz de una denuncia presentada a finales de diciembre del pasado año, en la que se ponía de manifiesto una presunta falta de actuación por parte del Ayuntamiento del municipio malagueño de Marbella en la ejecución de sentencias firmes dictadas dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa que anulaban licencias de obras.
En concreto, la denuncia va dirigida contra la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y en ella se citan cuatro procedimientos, iniciados por la comunidad de propietarios Los Monteros, en los que "consta que no se ha realizado actuación alguna para ejecutar la sentencia, siendo competencia exclusiva de la alcaldesa". Entre ellos se encuentra un recurso relativo a la casa que tiene Antonio Banderas en dicha ciudad.
La letrada denunciante, Inmaculada Gálvez, personada en casos sobre licencias presuntamente ilegales en representación de Los Monteros, señala en el escrito, que pese a que la ejecución de la sentencia es un derecho fundamental de las partes y la administración está obligada a colaborar, ha tenido conocimiento de que "en los requerimientos que se les ha efectuado al Ayuntamiento de Marbella éste no ha contestado ni ha realizado actuación alguna para llevarla a efecto".
Así, la denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, precisa que podría tratarse de un presunto delito de prevaricación en su forma de comisión por omisión "al no dictarse resolución alguna ni llevarse a cabo actuación para dar cumplimiento al título judicial mediante la ejecución de la sentencia como un derecho fundamental y la obligación que tiene la administración de acatar las resoluciones judiciales".
Este escrito fue ampliado posteriormente al comprobar la denunciante que "existe una nota interna suscrita por la alcaldesa, así como por la concejala de Urbanismo, Alba Echevarría, dando instrucciones para que se paralicen los expedientes de ejecución de sentencia" sin que se haya seguido el procedimiento establecido por ley mediante la oposición en el recurso.
Esto supone para Gálvez "el más desprecio a los principios que rigen nuestro ordenamiento jurídico", por lo que entiende que se trata de una actuación "presuntamente prevaricadora que tan sólo responde a los intereses privados, así como a los que puedan tener el grupo de gobierno responsable en la actualidad del Ayuntamiento de Marbella".
La Fiscalía tomó hoy declaración a la letrada denunciante para que explicara y aclarara los hechos denunciados, y está a la espera de que se remita por parte de ésta documentación relacionada con la denuncia presentada, según confirmaron fuentes fiscales.
En su escrito inicial, se solicitaba a la Fiscalía que se pidiera a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) certificado sobre "todos los procedimientos en los que se les ha requerido al Consistorio que informe de las actuaciones que se realiza para ejecutar las sentencias firmes que anulan licencias y consta que ni han contestado ni han formulado oposición" y de los procedimientos que a dicha parte le consta por haberse hecho público que se iba a evitar las demoliciones.
En este sentido, la abogada precisa que desde que la alcaldesa fue elegida por mayoría "viene haciendo pública su intención de no proceder a las demoliciones" que, según señala, es "consecuencia inmediata de la anulación de la licencia" en determinados casos que se dirigen desde su despacho profesional.
