La Fiscalía pide 11 años de prisión para una pareja imputada en una estafa nacional de venta de fruta

Actualizado: martes, 11 diciembre 2007 17:58

La mujer, de origen ucraniano, es la denunciante de un asalto con violencia a su vivienda por parte de dos compatriotas y dos rusos


OVIEDO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La fiscalía pide once años de prisión para una pareja acusada de estafar 1.567.000 euros a más de 80 empresas de frutas repartidas por toda España, según el escrito de calificación del Ministerio Fiscal al que tuvo acceso Europa Press. La acusada I. L., de 32 años y de origen ucraniano, está pendiente de una resolución judicial contra dos rusos y dos ucranianos, al denunciarlos por un delito de robo, amenazas y allanamiento de morada.

El fiscal solicita para I. L., la pena de cinco años de prisión por un delito de estafa y para su pareja sentimental L. A. S. G., de 30 años, la pena de seis años de prisión por el mismo delito. Su pena es un año superior a la de su novia al tener antecedentes.

Los días 12 y 19 de septiembre de 2006, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón procedió a la detención de cuatro personas como supuestos autores de supuestos delitos de estafa.

La investigación había comenzado en el mes de febrero de 2006, desencadenado por una denuncia presentada en el Puesto de la Guardia Civil de Posada de Llanera por un supuesto delito de estafa consistente en el impago de un pedido de fruta.

A raíz de esta denuncia, se iniciaron las investigaciones, enmarcadas en la 'Operación Fruta', que se desarrolló durante los meses posteriores hasta el 12 de septiembre de 2006, día en el que iniciaron las detenciones de las personas presuntamente responsables de las mismas, culminando el día 19 de septiembre de 2006 con la detención de la última de ellas. Las personas detenidas fueron: I.L de 32 años; L.A.S.G., de 29 años; R.A.L., de 52 años; y B. R. G. G., de 32 años.

'OPERACIÓN FRUTA'.

Las estafas seguían el 'modus operandi' conocido como tipo del 'Nazareno', que consistía en que las personas detenidas creaban empresas que eran dadas de alta registralmente con sedes sociales en Gijón y Oviedo. La actividad declarada era el sector de la compra-venta de frutas y hortalizas. Una vez constituidas realizaban pedidos de mercancía a otras empresas del sector de diversos lugares de España, vía fax o teléfono.

Una vez recibidos estos pedidos, en un primer momento hacían frente a los primeros pagos, granjeándose así la confianza de los proveedores, no abonando posteriormente los pedidos que realizaban.

El total de las sociedades creadas para tales fines es de 16 desde el año 1999, teniendo algunas de ellas sus sedes en pisos y plantas de oficinas que se encontraban cerradas. Una vez que la mercancía llegaba a Asturias se ponían en contacto con el transportista y se le indicaba el lugar de descarga, que normalmente eran naves situadas en polígonos industriales de la comunidad autónoma que tenían alquiladas.

Una vez realizada la descarga, se pagaba al transportista, y se posteriormente se vendía a minoristas de toda la comunidad. Las empresas proveedoras perjudicadas superan las 80 en toda la geografía nacional (Zaragoza, Almería, Málaga, Lérida, Murcia, La Rioja, Valencia, Alicante, Granada, Sevilla, Madrid, Huesca, Castellón, Cádiz, Badajoz y Barcelona), cuando estas empresas posteriormente pretendía cobrar los pedidos esta se volvía infructuosa, ya que no localizaban las sedes sociales de las empresas que habían realizado el pedido.

Esto motivaba que reclamaran de las aseguradoras dichos impagos y estas hicieran frente a las pérdidas justificadas con indemnizaciones de entre un 70 u 80 por ciento del valor de la mercancía envidada.

Durante el transcurso de la investigación se recopilaron un total de 20 denuncias por parte de las empresas perjudicadas en todo el territorio nacional, así como por parte de las compañías aseguradoras se han informado de un total de 100 siniestros declarados.

El importe total entre las denuncias efectuadas por las empresas perjudicadas, así como siniestro declarados por las compañías aseguradoras ascendería a un 1.567.000 euros.