Dice que Rodríguez no hizo ninguna acción encaminada a entrar en territorio español
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido este jueves al juzgado de instrucción número 31 de Madrid que archive la investigación que lleva a cabo contra varios funcionarios por la escala que hizo el pasado mes de enero en el aeropuerto de Barajas la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.
La parte del 'Delcygate' que se instruye en los juzgados de Madrid se basa en querellas y denuncias presentadas por el PP, Vox y Laócratas por presuntos delitos de prevaricación contra los funcionarios o autoridades que no arrestaron a Rodríguez, a pesar de que la sanciones de la UE la prohíben entrar en el espacio Schengen.
En concreto, Vox se querelló contra Koldo García Izaguirre y otros funcionarios por cuatro delitos: prevaricación, desobediencia, omisión del deber de perseguir delitos y usurpación de atribuciones.
La Fiscalía ha indicado que "no existe duda" de que la 'número dos' del Gobierno de Nicolás Maduro "no debía entrar o transitar por España", debido a dicha prohibición de las instituciones comunitarias.
Sin embargo, ha precisado que Rodríguez se limitó a permanecer en la sala de la terminal de aviación ejecutiva, "que como todos los espacios cerrados que preceden al paso por los controles policiales de frontera tiene la consideración de zona de tránsito aeroportuario", según se desprende del oficio remitido por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
Además, ha esgrimido que la dirigente venezolana "no manifestó su intención ni hizo acción alguna encaminada a entrar en territorio nacional". De acuerdo con el citado oficio, no hizo valer su prerrogativa de uso de sala de autoridades, "permaneciendo en la sala de la terminal de aviación ejecutiva (...) hasta que embarcó en otro vuelo".
Sobre García Izaguirre, al que describe como "una de las personas que acompañaba a la autoridad de mayor grado que se encontraba esa noche en el aeropuerto" --el ministro de Transportes, José Luis Ábalos--, ha valorado que requirió a la tripulación para que el vuelo despegase lo antes posible llevándose con ellos a los pasajeros.
A este respecto, ha apuntado que Julio San Miguel Mateos --otro funcionario-- contó ante notario cómo vio a García Izaguirre solicitar a la tripulación que el vuelo saliese cuanto antes y que le contestaron que no era posible antes de las 14.00 horas.
El Ministerio Público ha aclarado igualmente que, a pesar de que en las querellas y denuncias se describía como que no se hubiesen sellado los documentos a Rodríguez y que no tuviera visado, Venezuela es uno de los países cuyos nacionales están exentos de la obligación de visado en la UE.
ZONA DE TRÁNSITO
Con todo ello, la Fiscalía no ha apreciado el requisito de resultado materialmente injusto para imputar un delito de prevaricación porque le resulta "indiferente" que Rodríguez hubiese permanecido durante el tiempo indispensable en unas instalaciones del aeropuerto que tienen la consideración de zona de tránsito aeroportuario "o en otras".
Tampoco ha apreciado el delito de desobediencia porque se exige la existencia de un mandato directo "que, en el supuesto que nos ocupa, se nos oculta cuál podría ser y quién podría haberlo emitido".
Asimismo, ha descartado el delito de usurpación de atribuciones a las personas denunciadas porque "en el presente caso es palmario que no ha sido suspendida con carácter general ninguna disposición legal".
No obstante, ha recordado que el Ministerio Fiscal no puede investigar a personas aforadas, como Ábalos, "por lo que, constando la existencia de querellas interpuestas ante el órgano judicial competente para el conocimiento del presente asunto con las personas que resulten ser aforadas, corresponderá a éste la correspondiente resolución".
TAMBIÉN EN EL SUPREMO
El 'Delcygate' también está en el Supremo por las querellas presentadas por Vox y Laócratas contra Ábalos por un presunto delito de prevaricación, dado que en su calidad de ministro es aforado ante este tribunal.
El pasado martes, la Fiscalía del Supremo envió un informe a la Sala Segunda en la que pide inadmitir estas querellas. A su juicio, no existen "indicios suficientes" de que los hechos sean constitutivos de un delito de prevaricación, ni de la participación de Ábalos en los mismos", por lo que recomienda también el archivo de las actuaciones.
En su informe, reprocha a los querellantes que no han precisado "mínimamente" la supuesta participación de Ábalos en los hechos que le imputan, afeándoles que su acusación está basada "exclusivamente" en artículos de prensa y en la declaración notarial de un trabajador que "ni siquiera especifica su puesto de trabajo".
Para el Ministerio Público, no existen indicios de que la supuesta intervención de Ábalos "fuera mas allá del ámbito estrictamente diplomático y entrara en evidente contradicción objetiva con el ordenamiento jurídico".
Y, al igual que la Fiscalía madrileña, recalca que, "al parecer, la citada vicepresidenta no llegó a entrar en territorio español, sino que se mantuvo en la zona de tránsito hasta que partió en avión con destino fuera del espacio europeo".
LA ESCALA EN BARAJAS
Los hechos se remontan a la noche del 19 al 20 de enero de 2020, cuando la 'número dos' de Nicolás Maduro hizo una escala en Barajas de camino a Turquía. En el avión también iba el ministro de Turismo, Felipe Plasencia, que encabezaba la delegación venezolana para FITUR.
Rodríguez es uno de los altos cargos del Gobierno de Maduro que tiene prohibida la entrada al espacio Schengen por las sanciones emitidas por la Unión Europea por violaciones de los Derechos Humanos y actuaciones o políticas pensadas para menoscabar la democracia o el Estado de Derecho en Venezuela.
Durante esta parada técnica, Ábalos se vio con la vicepresidenta venezolana en el aeropuerto madrileño --según explicó él posteriormente-- para asegurarse de que no entrara en territorio Schengen.
