TOLEDO, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Provincial de Toledo ha interpuesto ante el Juzgado decano de Illescas (Toledo) una querella criminal contra la alcaldesa del Ayuntamiento de Casarrubios del Monte, Noemí López, y otras personas por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales, falsificación de documentos, tráfico de influencias e infidelidad en la custodia de documentos.
Tras las diligencias de investigación llevadas a cabo por la Fiscalía provincial, y examinado la documentación del caso, se deduce que la conducta de la querellada pudiera ser constitutiva de delito, al haber adjudicado directamente en beneficio de una empresa en la que participan otros querellados, relacionados por sus vinculaciones personales con la alcaldesa querellada, una determinada adquisición de bienes (llaveros) con cargo a las arcas municipales por importe de 29.817,80 euros.
Ello a través de un procedimiento de licitación irregular, en el que supuestamente participaron otras empresas presentando ofertas y presupuestos, que han resultado ser simulados o falsos, ya que estas empresas niegan haberlos realizado, a la vez que denuncian la utilización de sus nombres y membretes comerciales.
Asimismo, la Fiscalía, en un comunicado, denuncia que, tras la mencionada adjudicación irregular, ha desaparecido el expediente original de las dependencias municipales.
La querella se interpone con objeto de que por el juzgado de instrucción al que se remiten las diligencias de fiscalía junto con la querella se lleve a cabo la indagación hasta la completa averiguación de los hechos delictivos y de sus responsables, solicitando al fiscal la práctica de diligencias esenciales.
Entre ellas, la declaración judicial de la alcaldesa querellada y demás responsables en calidad de imputados; la declaración de concejales denunciantes y otros funcionarios municipales como testigos y la adopción de medidas cautelares urgentes, como la paralización de otros procesos de adjudicación que estuvieses previstos y la exigencia de fianza de 20.000 euros a la querellada, con objeto de cubrir las eventuales responsabilidades pecuniarias a que hubiese lugar.
Por último la Fiscalía Provincial solicita que se dé cuenta de la interposición de la querella, caso de ser admitida, a la Subdelegación del Gobierno a los efectos procedentes en cuanto a las funciones de la alcaldesa querellada.
